El Tribunal Supremo de Estados Unidos se ha posicionado, en principio, a favor de Donald Trump en un caso que le permitiría cesar a miembros de la dirección colegiada de agencias independientes, aunque la ley se lo prohíba expresamente. En la audiencia, las preguntas de la mayoría de los magistrados parecen indicar que consideran esos organismos como parte del Poder Ejecutivo, y, al recaer en el presidente la responsabilidad exclusiva del Ejecutivo según la Constitución, impedirle hacer esos despidos sería inconstitucional.
¿Cómo se dividen de verdad los jueces del Tribunal Supremo?
Con frecuencia se suele indicar que el Tribunal Supremo norteamericano se divide en seis jueces conservadores y tres progresistas, dependiendo de qué partido era el presidente los propuso para el cargo. Pero aunque hay fallos que se deciden así, también los hay adoptados por unanimidad, adoptados por 7 votos a 2 e incluso algunos en los que la mayoría está formada por las tres magistradas progresistas junto a dos o tres supuestos conservadores.
Lo cierto es que la división entre magistrados sí es ideológica, pero no por razones políticas sino por una diferencia radical de perspectiva jurídica. Por un lado están los originalistas, que consideran que su labor es la interpretación pura de los textos legales, con el significado que tenían cuando fueron promulgados y estudiando, si hay dudas, los debates de la época para poder asegurarse. Por otro quienes creen en el "constitucionalismo vivo", para los que el significado de la Constitución debe evolucionar para adaptarse a los valores, necesidades y realidades de la sociedad contemporánea, los cuales son observados, interpretados y aplicados por los propios jueces.
Tres de los magistrados (Thomas, Alito y Gorsuch) son originalistas muy estrictos. Barrett y Kavanaugh también son originalistas, aunque dan más importancia a los precedentes y la tradición que sus tres compañeros. El presidente del Tribunal John Roberts y la jueza Elena Kagan usan frecuentemente el originalismo en sus decisiones, pero casi siempre dan más peso a otras consideraciones; en el caso de Roberts su preocupación por mantener el prestigio y la aceptación social del Poder Judicial, en el de Kagan su ideología de izquierdas. Finalmente, Sotomayor y Jackson se adhieren al constitucionalismo vivo y siempre se sabe que van a apoyar lo que en cada momento los demócratas consideren justo.
Para muchos constitucionalistas, durante el siglo XX el Gobierno de Estados Unidos se ha alejado de la división de poderes clásica en tres para ver nacer y crecer un cuarto poder, el administrativo. Un poder ostentado por agencias federales cuyos burócratas no han sido elegidos democráticamente y que, con el tiempo, han terminado ejerciendo un poder mayor que el de cualquiera de los otros tres poderes.
El origen de la disputa concreta que se dirime en el Supremo reside en el despido de la excomisionada de la Comisión Federal de Comercio (CFC), Rebecca Slaughter, apartada por la Casa Blanca debido a "inconsistencias con la política de la Administración". Aunque el fallo tardará meses en llegar, durante la audiencia se ha podido ver que la mayoría originalista ha rechazado los argumentos de la defensa de Slaughter, representada por Amit Agarwal.
Así, el magistrado Brett Kavanaugh ha criticado que estos entes burocráticos operen con excesivo margen de maniobra y no rindan cuentas al electorado, mientras que Neil Gorsuch advierte de que la estructura del Gobierno federal podría quedar desarticulada por la asunción de competencias por parte de estas agencias, hurtándoles sus competencias a los cargos públicos designados por el presidente.
El principal precedente que apuntaló el poder de las agencias independientes es el caso Humphrey vs. EEUU de 1935, que obligaba al presidente a pedir el permiso del Congreso para poder despedir a miembros de la dirección de dichos entes colegiados, por considerar que sus funciones no eran principalmente ejecutivas. Para los magistrados, dicho precedente ha quedado desactualizado al tener dichas agencias en la actualidad muchas más competencias ejecutivas.
Por su parte, la minoría progresista ha expresado su alarma ante un posible fallo a favor del Ejecutivo. La jueza Sonia Sotomayor indicó que el abogado del Estado les estaba pidiendo "que quitemos al Congreso su capacidad para proteger la idea de que el Gobierno está mejor estructurado con algunas agencias que son independientes".
Por su parte, Elena Kagan ha advertido de que la postura de la Administración Trump otorgaría "un poder masivo, incontrolado y sin restricciones" al presidente. Un poder que, sin duda, ejercerán también los presidentes demócratas. Sin embargo, los organismos burocráticos independientes ya solían funcionar en consonancia con el Partido Demócrata, gobernase quien gobernase, dado que la inmensa mayoría de los funcionarios son votantes de dicho partido.