Mientras la UE se ha abierto a estudiar el llamado ‘modelo Meloni’ para luchar contra la inmigración ilegal, la justicia Italiana ha asestado este viernes el primer revés a su plan para deportar irregulares a Albania. Aunque no ha tumbado el modelo en sí mismo, un tribunal de Roma ha declarado ilegal la reclusión de los inmigrantes de Bangladesh y Egipto que habían sido trasladados esta misma semana, argumentando que ninguno de esos países es seguro y que, por tanto, dichas personas tienen derecho a regresar a Italia para pedir asilo.
La sentencia alude a un fallo previo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 4 de octubre, que prohíbe designar como seguro un tercer país si no se puede catalogar como tal todo su territorio y para el conjunto de sus ciudadanos. Partiendo de esta premisa, la corte de Roma ha concluido que "los dos países de los que proceden, Bangladesh y Egipto, no son seguros" y ha dictado la anulación de la orden de detención policial contra al menos cuatro inmigrantes, que deberán regresar a Italia de forma inmediata. La gran pregunta ahora es cuántos países, más allá de los citados, se salen de esa definición de "seguros" y, por tanto, quedarían fuera del plan Meloni.
Sea como fuere, el Gobierno italiano no está dispuesto a tirar la toalla: ya había adelantado que recurriría cualquier posible bloqueo judicial a este programa y así lo ha confimado el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, que ha reconocido el "desafío" que supone para un Estado conciliar por un lado el "sacrosanto" derecho de asilo con la necesidad de celeridad en los procedimientos. Así, y a pesar de que tanto Piantedosi como su compañero de Exteriores, Antonio Tajani, han reiterado su respeto a la sentencia, este último ha dicho esperar que los jueces no busquen "reescribir" las leyes e "impidan que el Ejecutivo realice su trabajo".
El apoyo de la UE
A pesar del revuelo que ha causado la determinación de Italia, lo cierto es que todos los grandes países de la UE, salvo España, defienden la creación de este tipo de centros. Sin ir más lejos, la semana pasada, un total de 14 países —entre ellos Alemania, Francia y Países Bajos, además de Italia— suscribieron una carta y un documento de trabajo de la presidencia de turno húngara para explorar "soluciones innovadoras" que agilicen los retornos, entre ellos centros de detención en terceros países.
Como respuesta a estas demandas, la propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen se ha comprometido esta semana a "seguir explorando posibles vías de avance" hacia la "idea de crear centros de retorno fuera de la Unión Europea", aunque ha advertido de que, para que esa solución pudiese ponerse en práctica, primero habría que elaborar una "propuesta legislativa". En la misma línea se pronunció después la portavoz comunitaria de Interior y Migración, Anitta Hipper, que reconoció que "actualmente no es posible en la Unión Europea tener esa opción", sino que para ello habría que reformar las reglas de la UE con el fin de "regular la vuelta forzada de migrantes a un país que no sea el suyo de origen".
La postura de Alemania
En los últimos días, el Gobierno alemán ha descartado utilizar esta solución, pero no porque crea que es contraria a los derechos humanos, como denuncia el Gobierno de Pedro Sánchez, sino porque entiende que no tiene sentido en el caso de "un país tan grande como Alemania", una vez estimado el coste-beneficio. "El año pasado llegaron a Alemania más de 300.000 inmigrantes irregulares y conseguir que no lleguen unas 2.000 personas, es muy poco", explicó el canciller Olaf Scholz.
No en vano, a pesar de considerar que la deportación a terceros países no solucionaría el problema en su caso, el Gobierno alemán sí está adoptando numerosas medidas destinadas a luchar contra la inmigración ilegal, algo que, sin embargo, el Ejecutivo español no parece tener intención de hacer. Este mismo viernes, el Bundestag (la Cámara Baja del Parlamento) ha aprobado un paquete de medidas de seguridad que, entre otras cosas, recortará las ayudas a los inmigrantes que sean solicitantes de asilo también en otros países de la UE.
El plan se articula en gran parte como respuesta a los recientes atentados islamistas y más concretamente al perpetrado a finales del pasado mes de agosto en una fiesta local en la ciudad de Solingen, en el oeste de Alemania, cuando un solicitante de asilo sirio de 26 años asesinó a tres personas con un arma blanca.
Sánchez se queda solo una vez más
El Gobierno español, por su parte, es el único que sigue de brazos cruzados y que ha rechazado frontalmente la posibilidad de crear centros extracomunitarios. "No atajan ningún problema y crean otros nuevos", aseguró el viernes Pedro Sánchez, cuya política migratoria se caracteriza por los bandazos constantes. Mientras estudia utilizar el aeropuerto de Ciudad Real para acoger inmigrantes y "aliviar las tensiones" en Canarias, critica a la presidenta de madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por anunciar la construcción de un centro en Fuenlabrada y elude reconocer la magnitud del problema.
Según datos del Ministerio del Interior, un total de 45.111 inmigrantes ilegales habían llegado a España hasta el 15 de octubre, un 22,6% más que en el mismo priodo del año anterior. Particularmente delicada es la situación de Canarias, donde la subida roza ya el 40% y los expertos advierten de que lo peor está por llegar.