El Gobierno ha llevado este viernes otra vez a Europa la petición de que el catalán, el gallego y el euskera sean lenguas oficiales y de nuevo, ha fracasado. El debate mantenido en el Consejo de Asuntos Generales de la UE que se celebra en Bruselas, supone el séptimo intento español desde que el Gobierno de Pedro Sánchez pactó con Junts en agosto de 2023 defender la oficialidad del catalán en Europa como una de las condiciones para investir a Pedro Sánchez. Ya se incluyó, sin éxito, en la agenda de seis reuniones anteriores, cuatro bajo la presidencia de turno de España, cuando el Gobierno fijaba la agenda, una cuando la presidencia rotatoria la ejerció Bélgica y otra, con Polonia.
En esta séptima ocasión, el secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha sido especialmente vehemente al defender la petición española que proviene de la exigencia del separatismo catalán. Dirigiéndose a los socios europeos, ha dicho que "lo que no puede ser es secuestrar o retrasar los debates innecesariamente".
En declaraciones a la prensa antes del encuentro, Sampedro ha defendido que la propuesta española "no tiene ningún impacto negativo para ningún Estado miembro. Por lo tanto, consideramos que debe ser posible aprobarlo a la (mayor) brevedad" posible. Además, ha afirmado, informa Efe, de que el Gobierno "ha abordado todas las dudas" políticas, económicas y jurídicas que han manifestado los países de la UE desde que la oficialidad de las lenguas se discutió por primera vez en septiembre de 2023, bajo la presidencia española de la UE.
"Está claro que no se necesita una revisión de los tratados" europeos, ha señalado, "los Tratados son muy claros, los Tratados dicen que la identidad nacional de los Estados miembros, en este caso la identidad nacional plurilingüe, nuestro sistema constitucional debe ser respetado", por lo que "se trata de terminar con una discriminación". "Veinte millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países", ha llegado a decir prometiendo, además, que España está dispuesta a asumir el coste de la propuesta aunque sin poner una cifra a ese compromiso. Cabe recordar que la Comisión Europea presentó a finales de 2023 una evaluación "preliminar" basada en la experiencia del gaélico que apuntaba a que el reconocimiento del catalán, euskera y gallego tendría un coste de 132 millones anuales (44 millones por lengua).
Nuevo jarro de agua fría
Sus palabras, sin embargo, no han evitado que la idea se topara de nuevo con el rechazo de los socios europeos. Durante el debate, que se ha prolongado algo menos de una hora, los socios han reiterado sus inquietudes y fuentes europeas citadas por Europa Press han indicado que la discusión ha sido tensa por momentos. Países como Alemania han señalado que la reforma en los términos en que plantea España no es compatible con los Tratados, tal y como también sostienen los servicios legales del Consejo. Tampoco se ha producido una votación como pretendía España.
Ya antes del encuentro, varios países habían expresado su rechazo a la petición española. La ministra danesa de Asuntos Europeos y presidencia de turno del Consejo de la UE, Marie Bjerre, ha informado a su llegada a la reunión de que no contempla que la cuestión se someta a votación este viernes, dado que persisten las dudas para un asunto que requiere unanimidad para salir adelante. "España quiere poner el caso de las lenguas en la agenda de nuevo y como presidencia vamos a facilitar el debate", ha declarado la ministra insistiendo en que hay "muchas dudas planteadas por parte de los Estados miembro". Estas reservas, ha añadido, tienen que ver tanto con la cuestión presupuestaria como con asuntos legales: "Por supuesto, necesitamos encontrar respuestas a estas preguntas, no preveo un voto hoy (por este viernes)".
El ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, ha afirmado que "realmente no es el momento adecuado" de aprobar la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego, cuando los Veintisiete acaban de aprobar, tras varias semanas de discusiones, un nuevo paquete de sanciones a Rusia y cuando sigue sin haber unanimidad sobre el conflicto en Oriente Medio.
"Hemos necesitado días para acordar las sanciones (a Rusia), todavía no somos capaces de tener decisiones sobre Israel y tener un alto el fuego en Palestina, ¿pero aprobamos el gallego, el euskera y el catalán?", ha preguntado retóricamente Bettel. "Si al final del día la gente se pregunta hacia dónde va Europa, esta es la cuestión", ha dicho.
En la misma línea, el ministro de Asuntos Europeos de Polonia, Adam Szlapka, ha apuntado que "muchos Estados miembros necesitan más tiempo porque hay dudas, especialmente jurídicas", en las que también insistieron Francia, Finlandia y Austria. España de momento cuenta sólo con el respaldo de Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Hungría, Irlanda, Lituania, Rumanía y Portugal.
Por otra parte, la ministra austríaca para Europa, Claudia Plakolm, ha dejado claro que no apoyará la demanda española por el momento: "Los servicios legales del Consejo se lo toman en serio y esta opinión de los servicios legales sigue sin cambios. Eso significa que mientras no haya una propuesta sobre la mesa en la que las preocupaciones legales, así como las preocupaciones financieras, queden resueltas, no puede haber consentimiento".