Países piden en la OEA que se proteja la "seguridad" de Juan Guaidó

La declaración, una fórmula poco comprometedora y de gran tradición en la Organización de Estados Americanos (OEA), fue respaldada por 16 de los 34 países que son miembros activos del organismo: Argentina, Bahamas, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Haití, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

"Demandamos que se garantice la seguridad y la protección del presidente encargado, Juan Guaidó, y de los miembros de la Asamblea Nacional", leyó la embajadora de Argentina, Paula María Bertol, durante una sesión extraordinaria sobre Venezuela del Consejo Permanente de la OEA.

La declaración ratifica la "autoridad constitucional" de la Asamblea Nacional, que ha iniciado el proceso para asumir los poderes del Ejecutivo al considerar ilegítima la toma de posesión de la Presidencia que hizo Nicolás Maduro el 10 de enero como fruto de unas elecciones cuestionadas por la comunidad internacional.

Los 16 países apoyan "las acciones adoptadas para solicitar ayuda humanitaria internacional, la libertad de los presos políticos, el congelamiento de los activos de funcionarios de Gobierno corrupto" y también respaldan las garantías que se han ofrecido a militares y civiles que apoyen al Legislativo. El propio Parlamento venezolano aprobó una amnistía para militares, una acción que busca el respaldo del estrato castrense, fundamental para quien quiera adjudicarse el poder en Venezuela.

Las 16 naciones que firmaron la declaración expresaron su "pleno respaldo" a Juan Guaidó, quien se juró este miércoles como presidente interino de Venezuela y logró el reconocimiento de EE.UU. y otros países del continente, como Brasil, Ecuador, Argentina, Chile, Perú y Colombia.

La declaración contó con el inmediato rechazo de una de las representantes de Maduro en la OEA, Asbina Ixchel Marin Sevilla. "El comunicado que se leyó aquí no es una declaración de la OEA, es un simple panfleto. No se puede engañar a la opinión pública. Es una operación de propaganda que intenta justificar el golpe de Estado", afirmó la diplomática, que fue respaldada durante la sesión por Bolivia y Nicaragua.