Este pacto, que ha sido reactivado tras la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, prevé un aumento de los vuelos de deportados en un 40 por ciento, lo que pone de manifiesto el compromiso de la nación guatemalteca con la lucha contra la inmigración ilegal y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos.
El acuerdo refleja la postura firme de ambos países en cuanto a la gestión de la migración, especialmente en un contexto de creciente presión sobre las políticas de control fronterizo en América Latina. Guatemala, al igual que El Salvador, ha reafirmado su compromiso de recibir a aquellos migrantes deportados, muchos de los cuales provienen de Centroamérica, pero también de otras nacionalidades que intentan llegar a Estados Unidos de manera ilegal.
Para los sectores más conservadores en Guatemala, esta medida representa una respuesta necesaria a los desafíos de la migración y la seguridad nacional, y un paso clave para fortalecer la cooperación con Estados Unidos. Mientras tanto, la administración de Donald Trump ha mostrado su satisfacción por este acuerdo, que contribuirá a la reducción de flujos migratorios ilegales y a la gestión más eficiente de los recursos destinados a la seguridad en la región.