Estos "agentes sociales" incluyen las federaciones de servicios de CCOO y UGT, la Organización de Sindicatos de Actores y Actrices del Estado Español (OSAAEE), la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) y la Federación de Artistas del Estado Español (FAEE). Nótese cómo asumen que sin dinero público no pueden existir: son organizaciones del "Estado Español", es decir, de funcionarios.
En su comunicado defienden la ley Sinde contra las descargas porque "reconoce y fomenta el valor perdurable de la creatividad, la cultura y la innovación en España,la creación de nuevas oportunidades de empleo y la protección de los ingresos de todos los titulares de derechos en la industria de la Producción Audiovisual y otros Sectores Creativos".
"Considerando el impacto negativo que tienen los intercambios no autorizados de obras y prestaciones artísticas protegidas, sobre el conjunto de la actividad económica de la industria, así como la necesidad de que todos los titulares de derechos de propiedad intelectual obtengan beneficios tangibles de la comercialización de su trabajo, proponemos el desarrollo de leyes y normas adecuadas para impedir el uso indebido de contenidos y emisiones protegidas", indican.
Por esa razón, exigen "la obligatoriedad para los proveedores de acceso a internet de trabajar con todas las tipologías de titulares de derechos y las autoridades competentes, con el fin de impedir los intercambios ilegales de archivos a través de las redes P2P", ignorando los intereses de los usuarios de la red.