Prohibido vender barato

Esta vez ocurrió en un pueblo del pirineo aragonés, más bien pequeño, industrial y turístico. Una comisión, con un nombre imposible de recordar, ha impedido la apertura de un nuevo hipermercado -no importa de qué cadena- en esta localidad pirenaica.

Camuflado entre las motivaciones paternalistas y las buenas intenciones de la administración, se nos presenta este reciente atentado contra la libre competencia. Se trata, nos aseguran, de garantizar la supervivencia de decenas de negocios, de centenares de puestos de trabajo. Sin embargo, los efectos de este tipo de medidas son mucho más perjudiciales que beneficiosos, como veremos a continuación. Además, este es un claro ejemplo de hasta qué punto la intervención del estado en la economía produce decisiones arbitrarias e injustas, y de cómo se distorsiona la vida económica, detrayendo recursos de actividades productivas más valoradas por los consumidores para asignarlos a otras que lo son menos.

Y esta es, precisamente, la primera consecuencia de tal medida. La
administración, a través de la comisión de turno, se apropia de la
capacidad de decisión de los consumidores, e impide que estos sean quienes decidan cuáles son las empresas que satisfacen mejor sus necesidades.Además de ser totalmente ilegítima, dicha apropiación suele acarrear grandes perjuicios para los consumidores, que consisten en el pago de precios más elevados o en la imposibilidad de acceder a bienes y servicios más apetecibles que aquellos patrocinados por la intervención estatal. Si no ofrece mayores ventajas, mejores servicios, precios más baratos o productos de mayor calidad, el nuevo hipermercado fracasará, y el público seguirá comprando en los lugares acostumbrados.

Llegamos así a la segunda consecuencia de esta disposición. La administración toma partido por un determinado grupo de empresarios, constituido por las tiendas y cadenas ya instaladas, frente a otro, formado por quienes aspiran a poner en funcionamiento la nueva gran superficie. Aquí, lo grave es que los departamentos encargados de impedir que compremos más barato y con mayores comodidades suelen mostrar una tendencia innata a premiar la ineficacia y la poca competitividad. De esta forma, no sólo se incurre en una arbitrariedad injustificable, sino que se protege a un grupo minoritario en contra de los intereses de la mayoría de la población.

Con la misma arbitrariedad, se interviene en favor de los puestos de
trabajo ya creados, frente a los que podría generar la nueva inversión. Es decir, en este caso, el estado sólo puede apostar por el mantenimiento de unos determinados empleos impidiendo por la fuerza la creación de otros tantos. El mercado hace que todas estas actuaciones sean innecesarias, puesto que los consumidores ya se encargan por sí mismos de dirigir los recursos productivos -incluido el trabajo- hacia la producción de los bienes que más valoran y, por tanto, más desean adquirir.

Así pues, la instalación del nuevo hipermercado no supondría la
Destrucción de puestos de trabajo. En todo caso, propiciaría una asignación más eficaz de los recursos productivos. Los consumidores comprarían más barato, bien en el en el nuevo establecimiento bien en los ya existentes, que tratarían por todos los medios de no perder sus clientes. Con el dinero ahorrado, se demandarían otros bienes, que precisarían nuevas inversiones y mano de obra para poder llegar a las manos del comprador. Si no se cercena la libre competencia y se deja actuar a las leyes que rigen el proceso de mercado, los negocios y empleos desplazados tienen que aprovechar la oportunidad de hacerse un hueco en las preferencias del público.

En definitiva, nos encontramos ante un caso en el que, con el pretexto de proteger a unos cuantos negocios y puestos de trabajo de la libre competencia, se distorsiona la actividad productiva y, sobre todo, se lleva a cabo una intervención arbitraria que perjudica a la mayoría de los ciudadanos. El triunfo de los criterios políticos frente a los económicos nos salen al final bastante caros.

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