A principios de los ochenta, con el ingreso de Ronald Reagan a la Casa Blanca, la sociedad estadounidense se abrió a una etapa de regeneración económica que, contra viento y marea, todavía perdura. Con muy leves altibajos, a partir de 1982 la economía norteamericana ha progresado a un ritmo anual del 3,2 por ciento. Reagan no sólo precipitó el fin del comunismo como sistema –por lo cual deberíamos estarle eternamente agradecidos–, sino que sentó las bases de una desregulación que EE UU, y por extensión el mundo, no aprovecharían suficientemente. Bajo la presidencia del ex vaquero de Hollywood se liberalizaron sectores claves como las compañías aéreas y eléctricas, de comunicaciones, gas, transporte, etcétera, se rebajaron los impuestos –más del 25 por ciento en tres años (el Gobierno se embolsaba siete de los diez dólares de ganancia que obtenía la empresa privada, lo cual no perjudicaba únicamente a los ricos puesto que éstos, como se comprenderá, eran los encargados de emplear y remunerar a los pobres)–, y para bien, dígase lo que se diga, del capitalismo popular americano. La burocracia estatal encajó una estocada de fondo: el documento federal de regulaciones se redujo de 87.000 páginas anuales a 47.000. Una tendencia que invirtieron Bush padre y Clinton, y que Bush junior, a raíz del escándalo Enron y a pesar de su declarada matriz "reaganiana", no se anima a reavivar.
Los últimos descalabros en materia de fiabilidad empresarial verificados en Norteamérica, que han amarrado con doble nudo las bolsas del mundo desarrollado, tienen mucho que ver con esta especie de retorno a los orígenes –la regulación estatal– preconizado por la era post Reagan. No obstante, sigue estando fuera de toda duda que resulta más valedera la información emanada del movimiento mercantil puro y duro que las regulaciones delineadas por la burocracia de los auditores: los valores de mercado son más fiables que los derivados de las teorías de diseño de las contadurías públicas. Así, las rebajas de impuestos logradas por la actual administración no acelerarán demasiado la economía estadounidense si por contrapartida ésta permanece atada al control excesivo de los burócratas. Por añadidura, los subsidios a la agricultura –cientos de miles de millones de dólares–, la subida de aranceles –como es el caso del acero o la madera– o la inconstitucional e insulsa guerra contra las drogas, entre otros agentes, continúan distrayendo recursos de actividades productivas mucho más rentables. El reciente pedido de la Secretaría del Tesoro al Congreso de que aumentara el endeudamiento público –no le bastaron los alrededor de seis billones de dólares actuales– resulta revelador.
Según el economista Thomas Hopkins, entre 1977 y 2000, las regulaciones federales han supuesto un coste para las empresas privadas, como promedio, de unos 700.000 dólares anuales. Tales pérdidas revierten a los empleados y accionistas de dichas compañías, quienes, en mayor medida, pertenecen a la clase media norteamericana, es decir, son mayoría nacional. Las regulaciones, sin embargo, no sólo gravan, sino que enrarecen ese espacio de interacción y enriquecimiento conocido como "el mundo de los negocios". La destrucción del World Trade Center radicalizó un proceso de camuflaje financiero cuyo desencadenante, las constantes reformas y controles de la Comisión Nacional de Valores (SEC), amenaza remontar vuelo tras la debacle de Enron. La telaraña de reglas y disposiciones gubernamentales embrolló hasta tal punto la contabilidad tradicional que hizo invisible el fraude cuando éste era palmario. Como asegura Carlos Alberto Montaner en su reciente artículo Corrupción en las zonas ambiguas, "es preferible un modelo uniforme y rígido de reflejar la realidad económica de las empresas [el propio Montaner propone ventilar cuentas en Internet], sin espacio para retozar con la imaginación, que los sofisticados juegos malabares con los que contables y auditores hoy demuestran lo que les da la gana, moviéndose sigilosamente entre los resquicios que la ley autoriza".
La "prueba del delito", como han afirmado algunos a partir del episodio Enron, no es que en EE UU una exigua minoría posea alrededor del 40 por ciento de los medios productivos –por contraste, ahora mismo más del 50 por ciento de los estadounidenses maneja acciones corporativas y los fondos de pensiones de los trabajadores (la clase obrera, que diría Marx) fiscalizan el 60 por ciento de las acciones cotizadas en bolsa–, sino que ello genere empleo, salarios razonables, crecimiento económico, movilidad bursátil. No importa que las orejas de los elefantes sean más grandes que las de las hormigas –darwinismo al fin y al cabo–, lo atinado, lo plural, es que éstas sirvan para oír aceptablemente. Que tengan derecho a oír y, por supuesto, qué oír. Esperar que ambos animalitos padezcan sordera o copulen entre sí parece contra natura; ya lo dijo Hayek y debiera promocionarse el axioma: "la ganancia es la señal que nos indica lo que tenemos que hacer para servir a la gente que no conocemos". Valga por el elefante.
Elogio del elefante
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