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Dudas y contradicciones sobre la nueva "gran empresa pública de vivienda" de Sánchez

La ministra de Vivienda no aclara si la gran empresa pública de vivienda se encargará de construir casas.

La ministra de Vivienda no aclara si la gran empresa pública de vivienda se encargará de construir casas.
Unsplash/Ivan Henao

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerró el Congreso Federal del PSOE en Sevilla con un gran anuncio: "El Gobierno va a crear una gran empresa pública de vivienda, capaz de construir y gestionar vivienda desde la Administración General del Estado". Sin embargo, este martes, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dejado sobre la mesa muchas dudas acerca de este nuevo ente que promete ser gran panacea de la "crisis habitacional".

En primer lugar esta nueva empresa pública de vivienda en la que, supuestamente, el Gobierno lleva trabajando un año, en realidad sería una reconversión de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), según ha explicado Rodríguez en RTVE, para "abordar el problema de la vivienda de manera integral", desde el suelo, a la urbanización y la construcción de vivienda hasta su movilización y gestión, en palabras de la ministra.

Esto "se va a completar con otras acciones", como el ICO, activos de la Administración General del Estado, "que son patrimonio inmobiliario y se pueden traducir en vivienda asequible" y la Sareb que, para Rodríguez, es "un fracaso de las políticas del PP".

¿Se va a construir nueva vivienda?

Aunque la ministra asegura que "muy pronto" harán públicos todos los detalles de esta iniciativa, una de las cuestiones que más preocupan a los expertos es cuánto dinero público pretende destinar el Gobierno a la construcción de viviendas. Según la auditoría CoHispania, teniendo en cuenta que el coste del suelo sea cero porque es propiedad de la Administración, "los costes de construcción ascienden a 1.027 euros/m2 en el caso de promociones de tipología plurifamiliar y 1.459 euros/m2 en las promociones de unifamiliares". Y a esto hay que sumarle los gastos financieros y de comercialización.

Lo más curioso en este sentido, es que aunque Rodríguez habla en un primer momento de "construir" vivienda, cuando le preguntan directamente si el Gobierno se va a dedicar a montar grúas, la ministra elude confirmar ese extremo: "Promoveremos vivienda. Lo haremos en colaboración con las empresas de construcción en nuestro país. Tenemos que promover mucha vivienda". Así que tampoco queda muy claro si Sánchez va a cumplir su promesa de construir 180.000 viviendas públicas.

Ya existen al menos 150 empresas públicas de vivienda

El Gobierno está vendiendo como novedad una empresa ya existe, pero que, a su entender no funciona. Así que va a darle una vuelta a ver si en esta ocasión sale mejor el experimento. La cuestión es que España ya tiene al menos 150 empresas públicas de vivienda. Para conocer el número exacto habría que recurrir al Registro de Entidades Locales, pero teniendo en cuenta que la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS Gestores Públicos) ya cuenta con 150 socios es previsible que la cifra total sea superior.

Alguna de las entidades que integran la AVS Gestores Públicos son: la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y diversas empresas municipales de vivienda de toda España.

Y aquí llega otra de las grandes contradicciones del anuncio: las competencias en materia de vivienda están transferidas a las comunidades autónomas y el suelo depende en gran medida de los ayuntamientos. Así que la pregunta es: ¿qué jugada pretende hacer el Gobierno en una partida en la que no tiene cartas?

Gestión de vivienda de alquiler

La ministra también ha señalado que el Gobierno quiere promover y gestionar las viviendas de alquiler. Y esto suscita otra duda. Por norma general, las administraciones no son muy partidarias de la gestión de alquileres sociales debido a los recursos que requiere la atención a los inquilinos y, aún más importante, la impopularidad que supone lidiar con los morosos. De hecho, los impagos son unos de los problemas más importantes del alquiler social.

Así que, si el Gobierno de Pedro Sánchez finalmente se embarca en esta aventura, ¿van a desahuciar a los ciudadanos que no paguen el alquiler? ¿Qué gasto público puede suponer el alojamiento de inquilinos que saben que nunca serán desahuciados por impago?

"No resolverá los problemas de vivienda"

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) ha publicado un comunicado en el que afirma que "una gran empresa pública no resolverá los problemas de vivienda que arrastra España, encabezados mayoritariamente por la escasez de oferta y la inseguridad jurídica en torno al sector".

La patronal considera que "el Gobierno se equivoca en el diagnóstico" y también recela de "la complejidad burocrática y de recursos que supondría crear una empresa que en el corto plazo debería sobredimensionarse para ser efectiva" cuando en España hay empresas "líderes a nivel mundial sobradamente capacitadas" para levantar las 220.000 viviendas anuales que, a su juicio, serían necesarias urgentemente para empezar a aliviar los problemas del mercado.

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