Yolanda Díaz vuelve a cargar contra el transporte aéreo en su empeño por imponer nuevos impuestos que desincentiven su uso. La última propuesta de Sumar plantea gravar los vuelos internacionales y los cruceros con un IVA del 10%, equiparándolos al de otros medios de transporte público como trenes o autobuses. De aprobarse, los billetes se encarecerían notablemente, afectando especialmente a las rutas internacionales y a Canarias, que hasta ahora estaban exentas de este impuesto.
La líder de Sumar defiende la medida como un paso necesario hacia la "justicia social y ambiental", pero el PSOE no termina de respaldarla del todo. Las tensiones entre ambas formaciones se han disparado en el marco de las negociaciones por la Ley de Movilidad Sostenible, una norma que, según informa ABC, el Gobierno necesita aprobar antes de fin de año para cumplir con las exigencias de Bruselas y asegurarse los fondos europeos de recuperación.
Impacto económico y técnico de las medidas fiscales
Mientras Díaz insiste en ampliar su ofensiva fiscal, resulta evidente que una mayor carga impositiva podría disuadir a los viajeros y afectar al turismo, un sector clave para la economía española. Además, la posibilidad de aplicar el IVA solo al tramo nacional de los vuelos internacionales, como se hace con Baleares, plantea un desafío técnico y económico notable.
Por otro lado, estas medidas también podrían tener un impacto negativo en el turismo internacional, especialmente en un momento en el que la recuperación tras la pandemia aún está en marcha. El encarecimiento de los vuelos sería un obstáculo adicional para uno de los principales motores económicos del país.
Infraestructuras, otro punto de discordia
Pero la fiscalidad no es el único frente de conflicto. Díaz también se opone a la ampliación de los aeropuertos de Barajas y El Prat, calificando estas infraestructuras de "despropósito económico y ecológico". Mientras tanto, el PSOE considera estas ampliaciones cruciales para la competitividad y el crecimiento del país, lo que ha generado nuevas tensiones entre los socios de Gobierno.
Por si fuera poco, Sumar ha propuesto reducir drásticamente el número de corredores de autobuses nacionales, de 77 a 22. Aunque este cambio pretende optimizar el sistema de transporte terrestre, podría complicar la conectividad en las zonas rurales, donde las rutas menos rentables ya enfrentan dificultades para mantenerse.
Una ley en el centro de la batalla política
A pesar de que Díaz se esfuerza por presentar sus propuestas como avances hacia un modelo más sostenible, lo cierto es que estas medidas no solo ponen en peligro la relación entre los socios de Gobierno, sino que también generan una enorme incertidumbre en sectores estratégicos. Por ahora, la Ley de Movilidad Sostenible se perfila más como un nuevo campo de batalla político que como una solución consensuada para modernizar el transporte en España.