El desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) supondrá una nueva revolución tecnológica que tendrá un gran impacto sobre nuestras vidas en distintos sentidos. Desde las consultas médicas hasta los procesos productivos, esta nueva tecnología hará de cierta forma nuestra existencia más sencilla, ayudándonos con las tareas más laboriosas y meticulosas. Sin embargo, supone también para los gobiernos una nueva oportunidad para extender su campo de acción, impulsando su intervención sobre el mercado e incrementando el excesivo grado de escrutinio al que los trabajadores y las empresas se ven hoy sometidos.
Así las cosas, a partir de febrero de 2025 el Gobierno de Pedro Sánchez va a poner en marcha inspecciones sobre las prácticas realizadas con IA a través de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), pudiendo llegar a multar a aquellos que incumplan las directrices del Ejecutivo en esta materia.
Inspecciones y multas en 2025
En una respuesta parlamentaria registrada en el Congreso, el Gobierno ha informado a un grupo de diputados del Partido Popular sobre la situación actual de este organismo, el cual tendrá su sede en La Coruña, en el Edificio La Terraza, que "se remodelará para que la Agencia pueda ejercer sus funciones a pleno rendimiento en el menor plazo de tiempo posible" y que dirige Ignasi Belda.
En todo caso, lo más importante en relación con la nueva Agencia, que está adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública (dirigido por Óscar López), es su función inspectora y, en su caso, sancionadora, que no hace sino continuar la tendencia intervencionista que el Ejecutivo sanchista viene aplicando desde el primer momento en distintos ámbitos de la actividad económica del país. "A partir del 2 de febrero de 2025, la AESIA tendrá la capacidad de inspeccionar prácticas prohibidas en IA, y a partir del 2 de agosto de 2025, asumirá la plena potestad sancionadora y otras competencias de gobernanza establecidas por la normativa comunitaria", aclara el Ejecutivo en el documento.
Del mismo modo, en la respuesta elaborada por el Gobierno ante las preguntas de los diputados populares, el Gobierno detalla que, en estos momentos, "la AESIA está prestando servicios de divulgación y promoción del desarrollo responsable y sostenible de la Inteligencia Artificial (IA) en el marco de la Estrategia Nacional de IA".
Con todo, la Agencia contará con hasta 80 empleados entre los años 2024 y 2025, y se dedicará también a apoyar a los proveedores de Inteligencia Artificial, incluidas las pymes y 'startups', además de a fomentar "el acceso a entornos de regulación aislada, actividades de sensibilización y formación, y la creación de canales especializados de comunicación para resolver dudas y brindar asesoramiento sobre la implementación del Reglamento de IA". De este modo, hasta que no cuente con un presupuesto propio aprobado, los costes de personal serán financiados mediante el presupuesto del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.
Primer país que supervisa la IA
Lo cierto es que, si bien será en 2025 cuando comienza a operar esta nueva Agencia como un ente inspector y sancionador, el anuncio de su creación se produjo en el año 2022. De este modo, el Ministerio de Economía presumía de que España sería "el primer país europeo con una entidad de supervisión de la Inteligencia Artificial", dotando a esta Agencia "con una partida de 5 millones de euros para su puesta en marcha en los Presupuestos Generales de 2022".
Al respecto, el Ejecutivo señaló que, con este nuevo organismo, pretendía "generar un ecosistema de investigación y empresarial de Inteligencia Artificial", teniendo como función principal "minimizar los riesgos que puede traer la IA en campos como la seguridad, la intimidad y la salud de las personas, así como sobre los demás derechos fundamentales". Sin embargo, pese a las buenas intenciones que aparentemente expresa el Gobierno con la puesta en marcha de esta nueva institución, no podemos ignorar que podría llegar a ser un instrumento más de intervención sobre las empresas que sería de gran ayuda para las autoridades política a la hora de controlar su actividad.