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El portavoz de la Plataforma Afectados por la Ocupación alza la voz: "Es una vergüenza que la izquierda lo niegue"

Ricardo Banco denuncia que miles de familias están desprotegidas por el decreto 11/2020 y critica la propuesta de ilegalizar empresas de desocupación.

Ricardo Banco denuncia que miles de familias están desprotegidas por el decreto 11/2020 y critica la propuesta de ilegalizar empresas de desocupación.
Manifestación contra los okupas de la calle Yeseros de Madrid | Plataforma de Afectados por la Ocupación

El fenómeno de la okupación y la inquiokupación continúa generando debate en España. Ricardo Blanco, portavoz de la Plataforma Afectados por la Ocupación, pasó por los micrófonos de La Trinchera en Llamas de esRadio y arremetió contra sectores de la izquierda que, según él, "invisibilizan" a los afectados. "Es indignante y vergonzoso cuando la sociedad es muy consciente del problema que existe. Tampoco entiende que los partidos de izquierdas sean los que estén negando la situación porque "la principal okupación y inquiokupación se produce en los barrios mas humildes de las grandes ciudades", señaló.

Blanco habló sobre la raíz del problema, que se encuentra en el Real Decreto 11/2020, aprobado por el Gobierno durante la pandemia para proteger a los inquilinos vulnerables y que ha terminado "blindando a inquilinos morosos". Ricardo denunció que las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior, que registraron 15.289 denuncias en 2023, no reflejan la magnitud real del problema, ya que no incluyen casos resueltos extrajudicialmente ni fenómenos como la inquiokupación: "Calculamos que la falta de medidas contra la okupación y la inquiokupación está afectando a 80.000 hogares".

El portavoz también criticó la propuesta de Podemos para ilegalizar las empresas de desokupación como Desokupa. "Es una cortina de humo para invisibilizarnos una vez más a las víctimas. En lugar de hablar de los afectados, se centran en estas empresas, que son muchas veces el único recurso que tienen muchos afectados para evitar una pesadilla judicial que puede tardar cinco años", declaró en esRadio.

El próximo 22 de enero, el Congreso votará la prórroga del polémico decreto. Blanco expresó una moderada esperanza de que no se apruebe, en parte debido a los cambios políticos recientes y a la tensiones entre partidos como Junts y PSOE. "Quiero creer que, tras años de trabajo desde la plataforma y reuniones con muchos partidos políticos, pueda decaer. Este decreto ha generado un daño enorme y su desaparición sería un alivio para muchas familias", concluyó.

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