Buenas noticias para Yolanda Díaz. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha avanzado este lunes que la reducción forzosa de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se abordará previsiblemente en el Consejo de Ministros de la próxima semana para que "sea una realidad lo antes posible".
En declaraciones a los periodistas tras intervenir la presentación de la VIII edición CEPYME500, Cuerpo ha confirmado que la Comisión Delegada de Asuntos Económicos abordará esta tarde la reducción de jornada para, a partir de ahí, "seguir avanzando" a las siguientes fases: la Comisión de Subsecretarios y el Consejo de Ministros.
Tras semanas de desencuentros con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respecto a esta cuestión, Cuerpo ha dicho que obligar a los empresarios a pagar el mismo sueldo por empleados que trabajan menos será una medida "equilibrada" para "garantizar que pueda llevarse a cabo", aunque no ha aclarado si se tramitará por la vía urgente.
El mes pasado, Díaz llegó a llamar "mala persona" a Carlos Cuerpo por no imponer esta reducción con tantas prisas como pretende la líder de Sumar (pactó con PSOE reducir la jornada ya en 2024, con lo que Díaz ha fracasado en ese objetivo).
"Es casi de ser mala persona decirle hoy a la gente trabajadora de nuestro país que se niega a reducir la jornada media hora día" señaló Yolanda Díaz en una acusación que no podría ser más infantiloide. Así, inquirida por la entrevistadora de RNE, que preguntaba si se estaba refiriendo directamente a Carlos Cuerpo con esas palabras, la ministra ha emprendido una huida hacia delante y ha subrayado que el ministro de Economía debe elegir si está del lado de los trabajadores o si, en cambio, se posiciona con la patronal y la "extrema derecha".
En este sentido, Cuerpo ha asegurado que se va a "ayudar" a las empresas, sobre todo a las pymes, en este proceso -que tienen que ser "más productivas, más competitivas", ha insistido- y ha recordado que el texto tiene que contar con una mayoría parlamentaria suficiente para ser aprobado en el Congreso.
Cabe recordar que imponer esta medida a la práctica totalidad del tejido empresarial español, lo que se estaría haciendo es ignorar las condiciones y necesidades de cada sector y, dentro de cada uno de ellos, de las distintas empresas que existen. Por tanto, la ministra que dice proteger a los más vulnerables, quiere que los pequeños empresarios asuman unos sobrecostes y una merma de su productividad que, por su parte, las grandes compañías podrían hacer frente con menos dificultad. Según cálculos de Fedea, la puesta en marcha de esta idea cambiará las condiciones de trabajo de unos 14 millones de trabajadores