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Las aerolíneas estallan contra Sánchez por una deuda multimillonaria y avisan de que peligra la conexión con las islas

Avisan de que esta "situación insostenible" podría llevarlos a reducir conexiones y frecuencias.

Avisan de que esta "situación insostenible" podría llevarlos a reducir conexiones y frecuencias.
Pixabay/CC/InsightPhotography

Las compañías aéreas que conectan Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla con la península y que también operan vuelos internos entre islas se han unido para denunciar que pasan por "una situación insostenible y de asfixia económica". Según revelan en un comunicado de la Asociación de Líneas Aéreas, que agrupa a 71 empresas que representan el 85% del tráfico aéreo español, el Gobierno les debía, a enero de 2025, 810 millones de euros por las cantidades adelantadas en concepto de las subvenciones a residentes de territorios extrapeninsulares.

Los residentes de Ceuta, Melilla, Canarias y Baleares disfrutan de una subvención del 75 por ciento en el precio de los billetes, tanto en las conexiones con la península como en los vuelos internos dentro de los archipiélagos. Las subvenciones se financian, según recuerda el sector, "con cargo a los Presupuestos Generales del Estado". Pero la debilidad parlamentaria del Gobierno, que ha forzado la prórroga de los presupuestos de 2023, sumada al aumento de beneficiarios de las subvenciones ha provocado que se acumule una deuda millonaria con las compañías.

Las aerolíneas apuntan que en este asunto actúan "como meros intermediarios" y "entidades colaboradoras de la administración": aplican el porcentaje de subvención en el momento de comprar el billete y posteriormente liquidan ante la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) la cantidad restante, una vez el pasajero ha realizado el viaje. Según detallan, la DGAC "es la encargada de gestionar los créditos presupuestarios previstos para hacer frente a la subvención, y de abonar el importe de las subvenciones a las compañías aéreas". Sin embargo, denuncian, "el Ejecutivo ha venido retrasando dicha liquidación durante 2024, incrementándose el importe adeudado a las compañías aéreas que prestan estos servicios y que, a día de hoy, no se ha liquidado completamente por la Administración pese a los reiterados requerimientos por parte de ALA".

Explican que la asignación presupuestaria asignada a estas subvenciones en 2023, y prorrogada luego en 2024 y 2025, es insuficiente para cubrir todas las subvenciones y temen que la situación empeores significativamente este año. En 2023, el Gobierno asignó 560,81 millones a esta partida, una cuantía que se ha visto ampliamente superada por una demanda más elevada de lo previsto. Aunque se le sumaron otros 170 millones del Fondo de Contingencia, el importe siguió quedándose corto, explican, y "todavía quedan pendiente por abonar una importante suma de cientos de millones para cubrir las cuantías adelantadas por las compañías aéreas".

"Esta situación está comprometiendo la sostenibilidad financiera de estas aerolíneas hasta el punto de que, si esto sigue así, podría hacer inviable la operación de algunas de estas rutas, afectando gravemente a la conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y, por tanto, a su desarrollo económico y generación de empleo", ha avisado en una nota de prensa el presidente de ALA, Javier Gándara.

Gándara reclama al Gobierno que pague cuanto antes la cuantía adeudada y corrija esta situación con partidas suficientemente dotadas y "más realistas con las necesidades de demanda para evitar errores de cálculo como el de 2023", cuando, señala, la partida para estas subvenciones fue "menor a la de los dos años precedentes, en concreto 652 millones de euros en 2021 y 641 millones en 2022".

Para 2025, avisan, se contará con una partida de 560 millones para cubrir unas subvenciones "cuyo gasto se estima que alcance los 1.200 millones de euros, a lo que habría que sumar los 810 millones de euros pendientes de 2024". Por todo ello auguran "más retrasos e impagos por parte del Estado a las aerolíneas si no se da una solución alternativa".

Las compañías, afirman, podrían "verse obligadas a dejar de operar algunas de estas rutas, o a reducir frecuencias".

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