España tiene un serio problema en el mercado de la vivienda. Más allá del análisis del incremento de precios de la vivienda tanto de compra como de alquiler, representa un problema sin parangón en países desarrollados la indefensión de los propietarios frente al fenómeno de la okupación o de la inquiokupación.
Esta misma semana los magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Barcelona acaban de ponerse de acuerdo para que, en los casos de okupación ilegal de viviendas, es decir, únicamente para esos casos y no los de inquiokupación, no se considere delito de coacciones el hecho de que los propietarios dejen de pagar los suministros de la casa al okupa.
Dicen los jueces que "en caso de que el titular de una finca ocupada o que ha sido objeto de allanamiento de morada no mantenga el alta de los suministros o el abono de los mismos, no será constitutivo de un delito de coacciones", según reza el acuerdo suscrito por estos jueves el pasado 7 de marzo.
Esta noticia supone un alivio para los propietarios que, además de perder su vivienda, se ven obligados a mantener a quienes se la han arrebatado ilegalmente. Sin embargo, ni la decisión es extrapolable a toda España, ni beneficiará a todos los afectados por la okupación, ya que, una vez más, las víctimas de la llamada inquiokupación se quedan fuera del alcance de la misma.
Además, también los jueces de Barcelona, esta vez los de Primera Instancia acordaron el pasado 12 de marzo a solicitar a los Servicios Sociales que comprueben en cada prórroga la situación de vulnerabilidad alegada por los okupas sigue siendo la misma, ya que algunos llevan hasta cinco años viviendo a costa de los propietarios.
Se trata de una medida que las víctimas llevan reclamando mucho tiempo, por cuanto consideran que aquellos que se libraron de un desahucio por un despido sobrevenido, por ejemplo, ya ha podido encontrar trabajo desde entonces.
Así las cosas, aunque desde el Gobierno lo nieguen, la okupación dificulta la convivencia y ataca directamente los derechos de propiedad sobre la vivienda. De hecho, en España hay unas 80.000 viviendas okupadas (el 0,3% del total). Del mismo modo, en el año 2024 se registraron 16.426 hechos conocidos por allanamiento, lo cual supone un aumento del 7,4% con respecto a 2023. Así las cosas, de acuerdo con los datos del Ministerio del Interior, los hechos conocidos por allanamiento han crecido un 12,34% desde 2019 y un 63% desde 2014.