España nunca había tenido una oportunidad como esta. Miles de millones de euros europeos para transformar su tejido productivo, hasta 163.000 millones. Una industria del automóvil que representa el 11% del PIB. Un país con fábricas, proveedores, talento y ambición. Y, sin embargo, lo han vuelto a hacer: convertir una gran promesa en una decepción monumental.
El PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) era el proyecto estrella del Gobierno para reindustrializar el país y liderar la movilidad del futuro. Hoy, casi cuatro años después de su aprobación, es el ejemplo más evidente de improvisación, burocracia y desconexión con la realidad empresarial.
Un PERTE que ha necesitado no una, ni dos, ni tres, sino cuatro convocatorias (la última, a la desesperada y sorteando el marco europeo) para intentar no perder del todo el tren. O, mejor dicho, los fondos.
Cuando el Estado se cree más listo que el mercado, pasan estas cosas.
Todo empezó en 2021 como empiezan las grandes historias: con grandilocuentes discursos y fotos. La exministra de Industria Reyes Maroto anunciaba el PERTE VEC el 3 de marzo de 2021 en un congreso sindical, dejando caer incluso quiénes serían los beneficiarios antes de abrir el proceso a concurrencia pública. Una chapuza institucional que obligó al presidente Sánchez a rectificar en prensa días después.
A partir de ahí, la historia es conocida por el sector: retrasos, bases mal diseñadas, convocatorias desconectadas de la realidad, exigencias imposibles y un denominador común en cada fase: fondos sin adjudicar. La primera convocatoria terminó con solo el 26% de los fondos resueltos. Ford se retiró. Otros proyectos se cayeron por falta de avales o por plazos imposibles de cumplir.
¿La respuesta del Gobierno? Crear una segunda convocatoria. Luego una tercera. Y ahora una cuarta, que ni siquiera se canaliza por el Ministerio de Industria, sino por SEPIDES, para esquivar las reglas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Si esto no es el reconocimiento de un fracaso, ¿qué lo es?
El sector de la automoción no necesitaba propaganda, sino certezas. España alberga la segunda industria del automóvil más importante de Europa. Pero ni el diseño del PERTE, ni su ejecución, han tenido en cuenta la realidad de ese ecosistema: empresas medianas sin capacidad para adelantar inversiones sin un apoyo claro, proveedores que trabajan con márgenes ajustados, y una transición tecnológica que no se improvisa desde un despacho.
Por más que un ministro sibilino como Hereu haga anuncios a cuentagotas para camuflar la incapacidad de este ministerio en los últimos siete años, en España no hay una estrategia industrial. Las ayudas no llegan. Los plazos son irreales. Los requisitos, absurdos. Se diseñaron convocatorias pensando en grandes fabricantes y se dejaron fuera a toda una cadena de valor que representa el 75% del valor de cada vehículo.
Los concesionarios han sido ignorados sistemáticamente a pesar de su papel crucial para la renovación del parque móvil y la industria de componentes está sufriendo un riesgo de deslocalización ante la falta de seguridad jurídica, la burocracia y la ausencia de incentivos fiscales comparables a los de Francia o Alemania. Sin ellos, tampoco hay automoción.
¿Resultado? Casi un tercio del presupuesto de las convocatorias del PERTE sigue acumulando polvo en los cajones del ministerio cuatro años después.
Lo más demoledor no es que muchas empresas de la cadena de valor no hayan podido acceder a las ayudas. Es que algunas que sí lo lograron como Ford, Renault y otras compañías, han desistido de sus proyectos en varias convocatorias renunciando a fondos concedidos.
¿Por qué hasta los ganadores renuncian? Porque los plazos eran imposibles. Porque la gestión administrativa era asfixiante. Porque la incertidumbre generada por el propio Gobierno lo ha hecho inviable.
Cuando hasta los beneficiarios renuncian, el problema no es del mercado. Es del Estado.
Mientras tanto, la solución del gobierno ha sido improvisar. El "Alto Comisionado para el PERTE VEC" (creado para arreglar el caos) fue suprimido un año después de su creación sin una sola explicación. Ahora, se anuncia la cuarta convocatoria por 1.250 millones de euros (1.000 millones en préstamos y 250 en ayudas) como la salvación final, pero ya nadie se lo cree.
Mientras tanto, el mundo sigue girando fuera de los muros del Ministerio y la industria intenta avanzar como puede. La venta de eléctricos se estanca. La cuota de mercado de vehículos eléctricos se encuentra en el 11%, uno de los países más rezagados de Europa. Las infraestructuras de recarga de acceso público siguen muy lejos de los objetivos: se preveían 64.000 puntos para 2024 pero la realidad es que se cerró el año con 38.725 puntos operativos, más unos 11.000 puntos instalados, pero no operativos. La producción de vehículos cayó un 3% en el año 2024 y en los dos primeros meses de 2025 registra un descenso del 16,9% respecto a los dos primeros meses del año pasado.
En este contexto, que dos empresas como Stellantis y CATL apuesten por construir una gigafactoría de baterías en Aragón debería ser una gran noticia. Y lo es. Pero lo es a pesar del Gobierno. Porque el apoyo público llegó tarde. Porque la falta de claridad regulatoria casi tumba la operación. Porque, otra vez, fue la administración autonómica quien salvó el proyecto.
En definitiva ¿de verdad creen que esto es serio?
El PERTE VEC no ha sido un motor de transformación, sino un símbolo de cómo no gestionar fondos europeos. De cómo la fatal arrogancia estatista, el exceso de burocracia y la falta de diálogo real pueden echar por tierra incluso las mejores oportunidades.
Es frustrante revisar la memoria del PERTE y su expectativa de "generar una contribución al PIB entre el 1% y el 1,7%; y un impacto sobre el empleo que podría alcanzar los 142.000 empleos" o su promesa de que para 2023 "haya entre 80.000 y 110.000 puntos de recarga desplegados". Sólo entre diciembre de 2019 y febrero de 2025 se han perdido más de 17.000 afiliados en el epígrafe de fabricación de vehículos de motor.
Cuatro convocatorias después, el saldo es demoledor: retrasos, millones sin ejecutar, empresas que se van o renuncian y un sector que sigue esperando una estrategia seria. El Gobierno ha demostrado que no sabe, no escucha y no aprende.
Porque si después de cuatro años, tres convocatorias dejando remanentes, una cuarta improvisada, un tercio del presupuesto aún sin adjudicar y la necesidad de recurrir a SEPIDES para poder ejecutar los fondos, lo que tenemos no es un PERTE. Es una parodia.
Y lo más grave no es que hayan fallado. Es que no asumen ninguna responsabilidad.