El pasado 11 de marzo, el Consejo de Ministros incluyó entre sus decisiones una de especial relevancia política: aprobó las propuestas de nombramientos que llevaría al Congreso para renovar el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear, el organismo que se encarga de velar por la seguridad de todas las instalaciones nucleares españolas y que también tiene un papel trascendental en la concesión de las autorizaciones para las centrales, en medio del debate sobre su cierre.
Moncloa ha propuesto que renueven sus cargos el actual presidente, Juan Carlos Lentijo y los consejeros Francisco Miguel Castejón y María Pilar Lucio Carrasco. Además, ha propuesto un cuarto nombre para sustituir a la actual consejera Elvira Romera: el de Silvia Calzón. A diferencia de la catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear, Calzón no tiene experiencia profesional alguna relacionada con la nuclear: licenciada en Medicina y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, trabajó como epidemióloga en Andalucía al tiempo que se labraba una carrera en el PSOE. Arrancó en política en su Utrera natal, fue diputada en el Parlamento andaluz y ocupó varios cargos en la sanidad andaluza hasta que de la mano de Salvador Illa, en plena crisis covid, se convirtió en secretaria de Estado de Sanidad. No llegó a ser ministra pero a cambio pasó a ocupar la dirección de la Agencia Española Antidopaje y de ahí pasó, en septiembre del año pasado, al Gabinete de Pedro Sánchez como directora del Departamento de Atención y Respuesta a la Ciudadanía.
El salto ahora del gabinete de Pedro Sánchez a un organismo de perfil extremadamente técnico en un momento muy delicado ha levantado las alarmas en el sector y en la oposición, que cuando conoció el nombre de Calzón habló de "colonización" y acusó a Sánchez de emplear el mismo modus operandi que en RTVE, CIS, Fiscalía General del Estado, el Banco de España y el Tribunal Constitucional: "Es fiel reflejo del autoritarismo de este Gobierno", señalaron en su día, un mensaje que reiteró este viernes la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, en un encuentro con los medios. La senadora destacó cómo el Gobierno ha propuesto "una persona sin experiencia ninguna", venida "del gabinete del presidente Sánchez", para "controlar una institución más".
Martín también destacó que el Gobierno no había contado con el principal partido de la oposición para la propuesta de los nombramientos: tradicionalmente, el pleno del CSN, compuesto de cinco consejeros, quedaba repartido por dos nombres propuestos por el PP, dos por el PSOE y uno por una tercera fuerza, habitualmente nacionalista. Ahora, según Martín, el Gobierno ha emprendido una "renovación absolutamente política" sin contar con los populares ni para avanzarles los nombres.
Los candidatos, incluida Calzón, deberán ahora comparecer en la Comisión de Energía del Congreso y lograr el visto bueno de la mayoría de los diputados. Y aunque Calzón sea el nombre más llamativo, no es el único polémico de la lista de nombramientos. En el CSN ya hay un consejero "político", la consejera Pilar Lucio, ex diputada socialista en el Congreso, donde ejerció de portavoz de Energía y ex consejera de Igualdad y Empleo en la Junta de Extremadura. Si ella mantiene el cargo y Calzón logra el nombramiento, dos de los cinco consejeros serían ex cargos del PSOE.
Un activista antinuclear en el CSN
Aún más polémico es el otro candidato a renovar, Francisco Miguel Castejón. Propuesto en su día a iniciativa de Podemos, este físico nuclear sí tiene amplia experiencia en la investigación nuclear en proyectos de fusión, en el CIEMAT, pero está en contra de la tecnología de fisión y de hecho ha batallado contra las centrales nucleares desde Ecologistas en Acción. El investigador y activista logró el cargo entre protestas de PP y Ciudadanos y también de dentro del CSN (su expresidente Fernando Martí pidió parar la entrada de un antinuclear). Ahora aspira a revalidar el puesto por otros seis años.
Con la activación de la renovación del CSN, el Gobierno se garantizaría unos años más la mayoría en el organismo, donde sólo hay un consejero a propuesta del PP, el Catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña Javier Dies, que permanecerá en el cargo otros tres años. En el sector ha sorprendido la celeridad con que el Ejecutivo ha puesto en marcha los nuevos nombramientos, días antes de que expiraran los mandatos cuando en otras ocasiones el proceso arrancó meses después. Lo vinculan al trascendental momento en relación con la energía nuclear que atraviesa España y en el que el CSN tendrá un papel fundamental como supervisor y autor de los informes que permiten o no que una central obtenga la autorización para seguir operando.
Además de estas "prisas" también ha sorprendido el perfil de Calzón, radicalmente opuesto del que podrían ofrecer perfiles técnicos independientes, capaces de lograr consenso y de "despolitizar" el cada vez más politizado organismo: "Es un error muy grave poner a personas que no saben". Ahora el futuro del organismo depende del dictamen del Congreso, donde su aprobación o veto deberá reunir tres quintos de los apoyos según señala el Estatuto del CSN, que también establece que los consejeros "serán designados entre personas de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo de Seguridad Nuclear".