El cierre del ejercicio 2024 ha confirmado lo que muchos economistas veníamos advirtiendo desde hace tiempo: la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez de los 163.000 millones de fondos europeos Next Generation ha sido un fracaso histórico.
Lejos del relato triunfalista que intenta vender el Gobierno, los datos oficiales y los informes independientes muestran un panorama desolador. Cuando falta algo más de un año para finalizar el programa, España ha perdido su ventaja inicial, quedando atrapada entre una ejecución presupuestaria decepcionante y un legado de reformas fallidas para el futuro.
Las cifras de un desastre presupuestario
Los números no mienten. O el dato mata el relato, como ustedes prefieran. Según los datos oficiales de la Intervención General de la Administración del Estado a 31 de diciembre de 2024, de un total de 34.236 millones de euros de créditos presupuestados, apenas se han ejecutado pagos por 9.114 millones, lo que equivale a un ínfimo 26,6% del total.
Es el peor balance desde el inicio del plan de Recuperación hace cuatro años. Aunque las autorizaciones alcanzan el 83,90% y los compromisos el 76,58%, las obligaciones reconocidas se estancan en un 63,17%, infladas por un trampantojo contable que esconde traspasos entre organismos públicos.
La brecha entre compromisos y pagos efectivos muestra una parálisis en 2024 que no puede justificarse únicamente por el diseño unilateral y burocrático de Sánchez. España ha desperdiciado su ventaja inicial como uno de los primeros países en recibir desembolsos y, mientras Italia y Portugal avanzan con agilidad, nuestro país sigue atascado desde que recibió en el cuarto pago, con más de un año sin recibir nuevos fondos y sin perspectivas claras de mejora. El quinto pago llegará con casi dos años de retraso conforme al calendario previsto inicialmente y con posibles penalizaciones parciales por incumplimientos, como el impuesto al diésel.
Retrasos y cambios constantes
La gestión de los fondos europeos ha estado marcada por la improvisación. Los constantes cambios en los objetivos y las modificaciones técnicas del Plan de Recuperación han demostrado falta de planificación y un burdo intento por ocultar los incumplimientos ante Bruselas. Sorprende la laxitud con la que la Comisión Europea, lejos de exigir rigor y reformas que impactaran en la competitividad de nuestro país, ha evaluado a Sánchez.
A pesar de cambios de hitos y validaciones rayando el límite de lo permisible, el Gobierno lleva más de un año atascado, sin capacidad para aprobar leyes clave. El Congreso está bloqueado por la debilidad de Sánchez y el riesgo de tener que devolver fondos ya no es una hipótesis remota, es real.
Mientras se presumía de ejecución, quedaban remanentes sin ejecutar como para financiar el Componente DANA, un nuevo PERTE de Vivienda o la reasignación de 5.000 millones para financiar las medidas anti arancelarias.
Un legado de reformas fallidas
No sólo ha fallado la ejecución presupuestaria, también ha fracasado la ambición reformista. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha sido demoledora sobre la reforma de las pensiones: lejos de garantizar la sostenibilidad del sistema, las medidas adoptadas son insuficientes y carecen del impacto necesario a largo plazo. Se traslada la carga a las generaciones futuras sin ofrecer soluciones de fondo. Es un análisis que desacredita hasta el indicador utilizado para medir la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Las reformas laborales, otro pilar del plan, tampoco salen mejor paradas. El Tribunal de Cuentas Europeo ha sido tajante: solo el 19% de las medidas adoptadas han tenido resultados tangibles, mientras que la mitad no han generado impacto alguno. La falta de indicadores claros, la ausencia de objetivos bien definidos y un sistema de seguimiento deficiente han convertido estas reformas en un ejercicio de propaganda más que en un motor de cambio. Lejos de dinamizar el mercado laboral, la rigidez burocrática y la falta de incentivos reales para las empresas han limitado su efectividad, dejando a España con la de la tasa de desempleo más alta de la UE (10,4%) y 800.000 fijos discontinuos inactivos.
Burocracia e intervencionismo: el sector privado, marginado
Desde el inicio, el intervencionismo del plan ha favorecido al sector público en detrimento del privado. El 77% de los recursos asignados a los 100 mayores beneficiarios ha ido a parar a entidades públicas, relegando a las pymes y startups, el verdadero motor de la economía.
Es un doble perjuicio: por un lado, la excesiva burocracia y la inseguridad jurídica han desincentivado la inversión privada; por otro, la falta de apoyo a proyectos innovadores ha frenado la modernización del tejido productivo. Los PERTE, como el del Vehículo Eléctrico y Conectado o el de Descarbonización, son claros ejemplos: la falta de claridad y lentitud administrativa ha llevado a grandes empresas a replantearse sus previsiones, mientras las pymes no logran acceder a los fondos salvo para un Kit Digital.
Descoordinación ministerial
Los ministerios que deberían liderar el cambio, los que representaban las grandes prioridades de Sánchez son los que peor ejecutan.
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El Ministerio de Vivienda naufraga realizando pagos sólo por el 14,4% (457 millones de euros). Se deja más de 2.700 millones sin ejecutar. Un año perdido.
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Industria y Turismo, permanece, un ejercicio más, entre los peores ministerios de Sánchez, con un nivel de pagos del 15,91%, dejando 5.139 millones en los cajones del ministerio sin impulsar sectores estratégicos en 2024.
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Oscar López, con más de 7.000 millones para gestionar en el ministerio de Transformación Digital y Función Pública, sólo liberó pagos por el 18% de su presupuesto.
¿Cuál es la tarjeta de presentación del candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid?
Incapacidad. El PERTE CHIP, aprobado hace tres años, sólo alcanza 330 millones adjudicados de un total de 12.250, un 2,7%.
Ni Transición Ecológica con la desbandada de Teresa Ribera, ni Oscar Puente en el ministerio de Transportes, pueden presumir de nada. Falta visión estratégica y sobra política de escaparate.
Un fracaso con responsables
El Gobierno de Pedro Sánchez no puede eludir su responsabilidad, ni descargarla en unas CCAA a las que impuso inversiones y con las que nunca contó. Su arrogancia intervencionista, obsesionado con el control centralizado, sin diálogo ni flexibilidad y con cero autocrítica.
España sigue anclada en un modelo obsoleto que prioriza la propaganda sobre los resultados. La consecuencia es clara: España pierde competitividad y el riesgo de devolver fondos es real. El fracaso de 2024 debería marcar un antes y un después. O cambiamos el rumbo, o el daño será irreversible.