Los dos reactores de la central nuclear de Almaraz, la instalación que más electricidad genera de España con una producción de más del siete por ciento del total de la demanda, se apagaron esta madrugada de forma programada, según informaron las empresas propietarias.
La parada, inédita en los más de cuarenta años de vida de la central, se decidió "al no resultar casadas en el mercado eléctrico". "La actual situación de mercado genera una ineficiencia en el sistema eléctrico, fruto de la cual y debido a su alta fiscalidad en ocasiones como la presente (de elevada generación renovable originada por la sucesión de borrascas) las nucleares quedan fuera del mercado", explicaron desde Almaraz en alusión a los bajos precios provocados por una alta generación renovable, sobre todo eólica e hidroeléctrica gracias a las últimas lluvias, que se suma a la caída de la demanda en Semana Santa.
La central destaca que la parada es una operación que "entra dentro de la normalidad de la planta" y también subraya que los dos reactores "se encuentran en perfectas condiciones técnicas y de seguridad". Sobre los motivos de esta parada mencionan los impuestos, que se pagan cuando la planta esté en funcionamiento y que en situación de precios bajos pueden suponer que los costes de producir sean superiores a los del mercado. El precio medio del megavatio hora (MWh) este martes fue de 12,14 euros mientras que sólo los impuestos por la producción de un megavatio hora por las nucleares es de 28 euros de media anual.
Aviso de las propietarias
"La central nuclear de Almaraz tiene unos costes operativos muy competitivos, sin embargo su viabilidad económica está seriamente comprometida por la inasumible carga impositiva, que supone más del 75% de sus costes variables", señalan en alusión a la recurrente queja del sector de una carga fiscal "discriminatoria" frente a otras tecnologías. En medio del debate sobre el cierre y en tiempo de descuento para Almaraz, cuyo punto de "no retorno" para evitar el apagado aun en el caso de marcha atrás sería el primer semestre de 2025, la central señala que aporta anualmente en impuestos "unos 450 millones de euros", que "superan todos sus costes operativos juntos". La situación, recuerdan, ya llevó a que la Unidad I parara durante 18 días en marzo del año pasado, "ya que el precio que fija el mercado eléctrico cotizaba por debajo de los costes variables de la central".
Mientras las propietarias podrían plantear una "miniprórroga" hasta 2030 como informó LD, algo que podría cambiar el escenario y dar más margen para negociar, desde el sector siguen exigiendo hablar con el Gobierno sobre las "condiciones" en que opera el sector. Mientras, el Ejecutivo, que admite contactos con las eléctricas, sigue sin abrirse públicamente a cambios en el plan de cierre.
El principal conflicto entre propietarias y Ejecutivo continúan siendo los impuestos y especialmente la tasa Enresa, lo que pagan las propietarias por la gestión de residuos y el futuro desmantelamiento. La última subida, de un 30 por ciento, fue llevada a los tribunales por las empresas, que también se quejan del pago de impuestos "redundantes" (como el impuesto por el combustible gastado) y de las "ecotasas" autonómicas.