Ha sido el Instituto de Estudios Económicos quien ha emitido un informe en el que se certifica que España tiene una presión fiscal en vivienda significativamente superior a la media europea. El sistema impositivo actual grava intensamente todas las fases del ciclo inmobiliario: compra, tenencia, transmisión y arrendamiento. Es más, el informe del Instituto de Estudios Económicos dice textualmente que la excesiva fiscalidad en España "desincentiva la inversión inmobiliaria y actúa como un freno para la movilidad residencial".
Sólo la tributación sobre la vivienda representa aproximadamente un 3,5% del PIB en España, con 52.200 millones de euros cada año, convirtiendo a los inmuebles en una fuente clave de recaudación para las Administraciones públicas. Hablamos del IBI, principal concepto recaudatorio, el IVA y las plusvalías e imputaciones de rentas en el IRPF. Tanto es así que según los cálculos del IEE los impuestos representan cerca de un 25% del precio de la vivienda protegida. En el caso de la vivienda libre, el porcentaje de los impuestos en relación con el precio de la vivienda es del 10%.
En este ámbito la Comunidad de Madrid vuelve a salir mejor en la foto que cualquier otra, con los tipos impositivos más bajos en materia de vivienda. Y el impuesto de transmisiones patrimoniales es más bajo que el de Cataluña, por ejemplo, con un 6% frente al 11% de Cataluña.
Con todo, esta realidad no es la que más daño hace la crisis de vivienda que sufre nuestro país. El origen de esa crisis es más profundo y habla de un crecimiento insuficiente de la oferta de vivienda frente a una demanda que crece sin remedio.
Y ese problema pasa por un mercado excesivamente regulado, que impide a los promotores de vivienda poder rentabilizar sus promociones debidamente. Además, los problemas del mercado del alquiler derivados del famoso decreto antidesahucios que ha blindado a los okupas en España ha restado atractivo a la vivienda como activo de inversión.