En el marco de la macrocausa internacional anunciada por el bufete Amsterdam & Partners contra la Agencia Tributaria Española (AEAT), Libre Mercado ha tenido acceso a varios testimonios que ilustran con crudeza el calvario sufrido por ciudadanos extranjeros que confiaron en los incentivos ofrecidos, se acogieron al régimen fiscal especial de impatriados (popularmente conocido como la Ley Beckham) y acabaron perseguidos "como delincuentes" por parte del fisco.
Uno de los casos más llamativos es el de Anna, nombre ficticio utilizado para proteger la identidad de una mujer europea que llegó a España en 2013 con la intención de emprender, invertir, y echar raíces. Lo que comenzó como una historia de éxito terminó, años después, con su vida destrozada, su salud quebrada y su salida definitiva del país. "Nunca pensé que algo así pudiera pasar en una democracia europea. Nos trataron como criminales", confiesa.
De bienvenida a persecución
Anna aterrizó en nuestro país con el encargo de abrir una filial en España para una empresa registrada en la Unión Europea. El objetivo era claro: investigar el mercado español, desarrollar productos y captar nuevos clientes. "Era una tarea que ya había hecho en otros países. Yo tenía experiencia en la internacionalización y hablaba varios idiomas. Era la persona idónea para liderar ese proceso en España", explica.
Su marido, Bill —ya jubilado—, la acompañó en la mudanza. La empresa contrató a un agente local para gestionar los trámites de instalación y, siguiendo su consejo, Anna optó por el régimen fiscal de impatriados, aprobado en 2005 con la intención de atraer talento internacional. "Hicimos todo como nos dijeron. En los seis primeros meses presentamos la solicitud, y en poco tiempo recibí un certificado de la AEAT confirmando que mi elección había sido aceptada", detalla.
Durante los seis años siguientes, la empresa española retuvo impuestos a un tipo fijo del 24 %, tal y como marca la Ley Beckham. Anna presentó sus declaraciones de IRPF como impatriada, y nunca recibió un requerimiento adicional de Hacienda. Ni una pregunta. Nada. Su marido, por su parte, presentó sus declaraciones como residente, ya que no trabajaba. "Nuestra situación era completamente transparente".
El éxito empresarial como detonante
El negocio prosperó. La empresa cumplió con sus objetivos y, en 2018, la matriz decidió venderla a un comprador europeo. Anna y Bill, que tenían una participación minoritaria del 12 %, se beneficiaron de la operación. "Bill declaró su ganancia y pagó el impuesto. En mi caso, como seguía bajo el régimen de impatriada, la ganancia estaba exenta, conforme a la ley vigente", recuerda.
En 2019, tras dejar su empleo y decidir quedarse a vivir en España, Anna empezó a tributar como residente ordinaria. Pagó el impuesto sobre el patrimonio y presentó sus declaraciones sin problema. En 2022, vendieron unas acciones que les quedaban y pagaron, entre ambos, más de un millón de euros en impuestos sobre la ganancia.
"Esa fue la señal. El olor del dinero. La AEAT tomó nota", relata Anna. A pocos días de que prescribiera el ejercicio fiscal de 2018 —el último bajo la Ley Beckham—, la Agencia Tributaria notificó la apertura de una inspección.
Un año de acoso incesante
Lo que vino después, en palabras de Anna, fue un "asedio institucional". Durante más de un año, la AEAT lanzó requerimientos semana tras semana. "Me pidieron todas mis cuentas bancarias, españolas y extranjeras. Mis activos. Declaraciones de renta previas, detalles de mis agendas, contactos, facturas, reuniones, trabajo realizado… absolutamente todo", enumera.
La presión fue extrema. "Asistí a cada reunión. Entregué toda la documentación. Pero nunca nos explicaron qué investigaban exactamente". Finalmente, tras un año de desgaste físico y psicológico, Hacienda comunicó su conclusión: la empresa española era una tapadera, y Anna nunca debió acogerse al régimen de impatriados.
El inspector ignoró el trabajo real desarrollado por la empresa, el hecho de que la venta no estaba prevista cuando Anna llegó a España, que los impuestos que habrían pagado en su país eran incluso menores, y que ambos eran accionistas minoritarios sin capacidad para decidir la venta. La AEAT no ofreció base jurídica concreta. Solo acusaciones y amenazas.
"O pagas, o te enfrentas a penas de cárcel"
Lo más grave llegó después. La AEAT amenazó con convertir el asunto en un caso penal. "Preguntamos a nuestros asesores cómo podía pasar esto si habíamos seguido la ley. Su respuesta fue escalofriante: si Hacienda considera que se deben muchos impuestos, pueden llevarte por la vía penal".
Anna y Bill escribieron a la Agencia explicando por qué no podía haber dolo. Pero la AEAT se mantuvo implacable. El inspector ofreció un "trato" que, según relata Anna, parecía una extorsión fiscal:
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Si pagaban toda la supuesta deuda y aceptaban una sanción del 35 %, podían cerrar el caso rápido.
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Si querían que se emitiera un acta formal con explicación jurídica, tenían que pagar 100.000 euros más.
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Si querían conservar el derecho a recurrir, otros 100.000 euros.
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Y si querían una evaluación completa que pudiera ser recurrida, el coste adicional subía a 350.000 euros.
"Nos rompimos. No podíamos más. Aceptamos pagar lo que pedían por evitar que me acusaran penalmente. Pero el daño ya estaba hecho. Terminé hospitalizada", recuerda entre lágrimas. La pareja, que en su día había decidido integrarse en España como contribuyentes ejemplares, abandonó el país para no volver jamás.
Un patrón de acoso y derribo
El caso de Anna no es un hecho aislado. Amsterdam & Partners ha documentado decenas de situaciones similares. "Hay un patrón sistemático de acoso y derribo fiscal contra los impatriados. Personas que recibieron un certificado de Hacienda confirmando su estatus, pagaron durante años sus impuestos conforme a la Ley Beckham y, años después, son acusados de fraude sin base clara", denuncia el equipo legal encargado de la macrocausa internacional. "Estamos ante una violación del principio de seguridad jurídica y una práctica que amenaza la reputación de España como destino para la inversión internacional".
Libre Mercado ha podido comprobar la existencia de múltiples testimonios que describen situaciones similares: inspecciones retroactivas, falta de motivación jurídica, amenazas de vía penal y presiones para aceptar acuerdos millonarios. "Es una caza de brujas fiscal que persigue a quien vino a trabajar y pagar impuestos, y lo hizo todo conforme a la ley", lamenta uno de los abogados implicados.
La macrocausa avanza
El bufete Amsterdam & Partners ya ha dado los primeros pasos legales para llevar el caso a instancias internacionales. Consideran que se han violado derechos fundamentales de ciudadanos comunitarios y extracomunitarios que actuaron con buena fe. "Queremos poner fin a este atropello. No se puede permitir que una administración fiscal actúe con tal nivel de arbitrariedad", concluyen.
Mientras tanto, Anna observa el proceso desde fuera de España y deja algunas reflexiones de cierre: "amábamos este país. Habíamos echado raíces. Ahora no queda más que tristeza y rabia. Vinimos a contribuir, a crear empleo. Nos lo pagaron con persecución y humillación. Nunca volveremos".