España continúa en 2025 sin unos Presupuestos Generales del Estado aprobados. Por segundo año consecutivo, el Ejecutivo que preside el socialista Pedro Sánchez ha decidido prorrogar las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2023, renunciando así a ejercer una de sus principales responsabilidades y eludiendo el debate parlamentario en torno a cuestiones tan relevantes como la orientación del gasto y los impuestos.
Un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE), think tank asociado a la patronal CEOE, alerta de que esta situación no solo es una anomalía democrática, sino también un torpedo a la eficiencia económica y a la credibilidad fiscal del país. De hecho, el IEE apunta que la ausencia de nuevos presupuestos implica que el Ejecutivo gobierna con unos ingresos disparados y un gasto público descontrolado, sin control ni transparencia.
Como recuerda el IEE, la presión fiscal en términos de PIB ha aumentado más de un punto respecto a 2023, lo que supone un hachazo sin precedentes a familias, autónomos y empresas. Este aumento se debe principalmente a la inflación y a la negativa del Gobierno a deflactar los impuestos:
- Más del 60% del aumento de ingresos fiscales proviene de impuestos directos, destacando dos: el IRPF, donde se mantiene una política de "progresividad en frío", al no actualizar tramos ni mínimos personales con la inflación, los contribuyentes pagan más aunque su renta real no aumente; y el Impuesto de Sociedades, donde se han endurecido los límites a la compensación de bases imponibles negativas y se aplican nuevos gravámenes a multinacionales.
- En paralelo, las cotizaciones sociales se disparan: aumentan en 12.500 millones de euros en 2025, elevando aún más el coste laboral y desincentivando la contratación, en especial en sectores intensivos en empleo y entre las pymes.
El resultado no ha sido otro que más recaudación por la vía del empobrecimiento de las familias y el castigo fiscal al tejido empresarial, sin una mejora proporcional en los servicios públicos ni en la inversión productiva.
El gasto se dispara y es cada vez más improductivo
Lejos de contener el gasto, el Ejecutivo lo expande sin control. Según el IEE:
- El consumo público sube en 13.000 millones de euros, principalmente por aumentos en sueldos de empleados públicos y consumos intermedios.
- Las pensiones siguen tensionando las cuentas públicas, al representar el mayor componente del gasto social.
- El coste de la deuda pública aumentará en 2.700 millones, debido al alza de los tipos de interés, con una tendencia claramente ascendente en próximos ejercicios.
- Y todo ello sin contar el incremento de 10.500 millones de euros en gasto en defensa, anunciado para cumplir con los compromisos de la OTAN. Aunque se financiaría con créditos no ejecutados, este incremento se produce sin nuevo presupuesto, sin control parlamentario y en un contexto de presión fiscal máxima.
Eso sí: mientras se exprime a los contribuyentes y se dispara el gasto corriente, la inversión pública sigue estancada. En el periodo 2009-2024, ha sido del 2,6% del PIB, frente al 3,4% de la eurozona. Para converger con nuestros socios europeos, España debería aumentar su inversión en al menos 15.000 millones de euros anuales, lo que no será posible sin una reforma profunda del gasto y un marco presupuestario claro y estable.