Juan Pablo Gonzalez, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, ha participado esta semana en las primeras jornadas de okupación organizadas por el Gobierno regional, donde ha denunciado la impunidad de la que gozan los delincuentes en España gracias, entre otras, a la Ley de Vivienda y al polémico decreto antidesahucios aprobado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2020 y prorrogado hasta en 11 ocasiones en los últimos cinco años.
"Estas leyes supuestamente progresistas son todo lo contrario, porque, al final, perjudican a los más débiles", advierte González, que asegura que la inseguridad jurídica termina por reducir la oferta y, por tanto, incrementando el precio, por lo que "excluye a un importante porcentaje de la población del mercado alquiler".
El juez pone como ejemplo a trabajadores con contratos precarios e inmigrantes, pero también a madres solteras, entre otros. "¿Quién va a alquilarles una vivienda si no tienen la certeza de poder recuperarla? Al final, estas personas van a estar condenadas a vivir con familiares o en condiciones muy precarias". A ello se suma que la legislación, insiste, "favorece" a los delincuentes, frente a quienes realmente necesitan un techo y cumplen con todos los trámites administrativos para acceder a una vivienda social.
Un juez que hace autocrítica
En todo caso, Juan Pablo González también hace autocrítica: "Los jueces contamos con muchas más herramientas para luchar contra la okupación de las que utilizamos en realidad". En muchos casos, reconoce, por el afán de ser extremadamente garantistas.
Así, asegura que, a pesar de que, en noviembre de 2022, la Audiencia Provincial de Madrid acordó por unanimidad que, en casos de okupación ilegal con indicios sólidos de delito, se debía ordenar la medida cautelar de desalojo y restitución del inmueble, dicho pacto no se ha llevado a la práctica.
Con todo, desde que se tramita la denuncia hasta que el desalojo se hace efectivo, el juez asegura que pasan de media unos dos años, plazo que, en el caso de la llamada inquiokupación, puede prolongarse muchísimo más, ya que el polémico decreto antidesahucios lleva en vigor desde 2020. "Ahi el problema es la regulación relativa a la vulnerabilidad", apunta el juez, que reconoce que los informes de los Servicios Sociales no siempre ofrecen una visión real, ya que muchos okupas pueden trabajar en "b" y los funcionarios no pueden actuar a modo de detectives.
El daño al pequeño propietario
El magistrado ha hecho estas declaraciones en el marco de las jornadas de okupación organizadas por la Comunidad de Madrid presididas por el consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo, en las que el Gobierno regional ha advertido de que ellos, en ningún caso, van a "blanquear" la okupación: "Queremos una región próspera y segura, donde la propiedad se respete y la ley se cumpla, porque sin ley no hay libertad y sin libertad no hay futuro".
En la misma línea se han manifestado también agentes de la propiedad y abogados, quienes también han cargado contra la deriva del Gobierno de Pedro Sánchez. "Al final, vamos a ir a un alquiler de temporada o a cualquier otra modalidad, pero está claro que nadie va a querer alquilar a una familia con menores. Y yo soy madre de cinco hijos y me duele, pero entiendo que, tal y como están las cosas, los propietarios no quieran meter a familias que enseguida pueden demostrar vulnerabilidad", reconoce Ester Mocholi, de la Junta directiva del Colegio de la Abogacía de Madrid, quien, además, lamenta el "desequilibrio" existente en las leyes aprobadas por el Gobierno. "No se estudia la vulnerabilidad de los propietarios y eso es algo que no hay manera de entender", subraya.
El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Jaime Cabrero, advierte por su parte de que la normativa impulsada por el Gobierno ha provocado que muchas viviendas se hayan retirado del mercado del alquiler y que, como consecuencia, los precios de las que quedan se hayan disparado: "Lógicamente, el que se arriesga tiene que subir los precios para asegurarse de que esa operación merece la pena".
Asímismo, Cabrero alerta de que esta situación "está provocando un empobrecimiento de los pequeños propietarios" que, tal y como explica, son los que sustentan el 90% del mercado del alquiler. "No son grandes tenedores ni fondos buitre. El que lo está sufriendo es el pequeño propietario que había comprado esa vivienda como inversión y complemento a la última etapa de su vida", insiste el experto.