Uno de los muchos problemas de nuestra economía tiene que ver con la cada vez mayor intervención pública en la misma. Y una de las manifestaciones más gravosas de ésta es la proliferación de cada vez más regulación asociada a la actividad económica. Esta regulación, esta burocracia asociada a la posibilidad de poner en marcha un negocio, encarece de una manera brutal poder mantener la actividad productiva en las distintas industrias que abren en nuestro país o que se instalan atraídos por las cualidades y atractivos que todavía tiene España para algunos inversores.
El caso es que España sigue retrocediendo a un ritmo vertiginoso en los rankings que miden la complejidad regulatoria, siendo los primeros puestos para los que tienen menos complejidad regulatoria y los últimos los que tienen más. Así, hemos caído de 26 puntos a 13, un desplome del 50% que pone de manifiesto la evolución a peor de nuestro marco normativo. De un total de 63 economías estudiadas de entre las desarrolladas y emergentes, hemos pasado del puesto 50 a la antepenúltima posición del ranking.
Esto, si lo traducimos en dinero contante y sonante supone un efecto cercano a los 70.000 millones de euros con un efecto equivalente a 1.470 euros por ciudadanos o más de 4.400 euros por hogar. Y esto en estimación directa de costes, porque de lo que no se habla es de los efectos invisibles, siendo el más claro el que impide a tantas empresas en España pasar de pequeñas a medianas y de medianas a grandes, lo que debería constituir uno de los objetivos legítimos de las empresas en España.
Así, el Instituto Juan de Mariana ha calculado la Curva de Laffer Regulatoria aplicada a la economía española ligando la relación entre el crecimiento promedio del PIB real per cápita y el número de normas aprobadas por las comunidades autónomas. De este modo, queda patente, por ejemplo, que España aplica hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales, situándose como el tercer país de la UE con más barreras al comercio minorista. El propio sector del retail y la distribución estima que reducir estas barreras en un 10 por ciento generaría un impacto económico positivo de 9.550 millones de euros.
En este sentido, Diego Sánchez de la Cruz, director de investigación del IJM, ha detallado en Con Ánimo de Lucro algunos ejemplos en los que en nuestro país se regula en exceso sobre algunos sectores. Por su parte, Fernando Pinto, profesor de Economía de la URJC, ha explicado algunas de las medidas que serían necesarias en España para reducir la carga normativa y ha denunciado que "la diarrea legislativa nos cuesta más de 4.400 euros por hogar".