España ha caído a la antepenúltima posición entre 63 economías mundiales en el Índice de Complejidad Regulatoria, lo que pone de manifiesto una grave deriva en el marco normativo nacional. Según un estudio divulgado esta semana por el Instituto Juan de Mariana, la sobrecarga de normas genera un "impuesto regulatorio oculto" que alcanza los 70.000 millones de euros anuales, el equivalente al 4% del PIB.
El trabajo, cuya autoría técnica corre a cargo de Foro Regulación Inteligente, documenta cómo la densidad normativa ha empeorado drásticamente desde 2015, cuando España obtenía 26,1 puntos en el índice citado, frente a los 13,2 actuales. Esta caída del 50% ha relegado a nuestro país al vagón de cola del mundo desarrollado en cuanto a calidad regulatoria, solo por delante de Francia y Bélgica.
El fenómeno no solo impacta sobre la economía nacional, sino que tiene una clara dimensión regional. El análisis identifica, de hecho, la "Curva de Laffer Regulatoria" del mapa normativo autonómico, un gráfico que muestra en qué medida un exceso de regulación autonómica produce efectos negativos en la tasa de crecimiento de la renta por habitante.
Mientras regiones como Madrid o el País Vasco mantienen niveles más razonables de producción normativa y, como resultado de ello, sus trabajadores ven cómo sus ingresos crecen con más vigor, otros territorios autonómicos como Cataluña aprueban hasta 800 normas al año, muy por encima del equilibrio identificado por los autores, lo que se traduce en menor dinamismo económico. De hecho, en comparación con la producción económica de Cataluña, la carga normativa observada en la región gobernada por el socialista Salvador Illa resulta casi cuatro veces mayor que la de la Comunidad de Madrid.
Casos de sobrerregulación: de los pisos turísticos a la Ley Rider
Los efectos de esta maraña normativa no son abstractos. El informe detalla múltiples ejemplos donde las trabas legales están provocando pérdidas económicas tangibles y reducción del bienestar:
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Vivienda: construir obra nueva en España puede llevar entre 10 y 14 años por los retrasos administrativos. El resultado: un déficit acumulado de 423.000 viviendas.
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Comercio: existen hasta 390 normas distintas sobre horarios comerciales, lo que convierte a España en uno de los países más restrictivos de la UE. Solo reducir estas barreras en un 10% generaría un impacto de 9.550 millones de euros, según el propio sector.
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Salud: la nueva Ley del Medicamento acumula cerca de 400 alegaciones. España tarda más de 500 días en aprobar nuevos fármacos, situándose entre los países más lentos de Europa. Además, el Plan Antitabaco impulsado por el Ministerio de Sanidad ha sido criticado por otros países de la UE por vulnerar principios comunitarios y restringir productos de reducción de daño como el vapeo.
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Energía: frente a las seis normas medioambientales que aprueba España por cada una en Francia, los resultados son peores. Francia emite menos CO₂ por habitante y ha potenciado la energía nuclear, mientras España sigue desmantelándola.
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Economía digital: la Ley Rider ha provocado un descenso del 7% en el empleo en el sector del reparto, una caída del 3% en los salarios por hora y una reducción del 2,5% en las horas trabajadas, según datos del instituto alemán IZA. A esto se suman las trabas aplicadas a los vehículos VTC, las plataformas de alquiler turístico y otros sectores colaborativos.
Una oportunidad para reformar
El estudio concluye que España necesita simplificar su marco normativo para mejorar la competitividad, atraer inversión y reducir la incertidumbre jurídica. En palabras de los autores, "la mala regulación no solo frena el crecimiento: lo penaliza directamente".
Inspirándose en reformas exitosas, como las de la provincia canadiense de Alberta, donde la carga normativa se redujo un 30% en apenas dos años, el informe llama a una "revolución silenciosa" en la manera en que se legisla. La experiencia internacional sugiere que es posible reducir drásticamente los costes administrativos sin sacrificar objetivos sociales o medioambientales, si se legisla con rigor y evaluación ex ante.
España tiene margen de mejora. Según las estimaciones del informe, converger con los estándares regulatorios europeos liberaría un potencial económico similar al de una gran rebaja fiscal o una inyección masiva de capital extranjero. El reto está sobre la mesa: legislar menos, pero legislar mejor.