El Gobierno del decreto antidesahucios, que lleva cinco años obligando a miles de particulares a mantener literalmente a sus okupas con la excusa de que son vulnerables, está a punto de echar a 30 familias que hace 15 o 20 años fueron beneficiarias de un piso de la Sociedad Pública del Alquiler ideada por José Luis Rodríguez Zapatero y que, a diferencia de los okupas, pagan religiosamente sus rentas. "Es algo incomprensible y totalmente incongruente con lo que pregonan", denuncia Máximo Peña, portavoz de los afectados.
Tras la disolución de dicha sociedad en época de Mariano Rajoy, las viviendas pasaron a la Tesorería General de la Seguridad Social, que, aplicando una subida del 30%, más las consecutivas actualizaciones del IPC, ha ido manteniendo los alquileres durante todo este tiempo. Sin embargo, tras los sucesivos tirones de orejas del Tribunal de Cuentas por una gestión ineficiente, la Tesorería ha decidido ahora deshacerse de todos estos pisos. Por ello, ha enviado una carta a todas las familias, invitándoles a comprarlos o a abandonarlos de manera inminente. Peña y su familia, por ejemplo, tienen de margen hasta el próximo 31 de julio.
"Nos piden entre 400.000 euros y un millón, un dinero que no podemos pagar, así que no nos queda más remedio que irnos, porque no nos ofrecen ninguna alternativa —denuncia indignado—. Y esto es lo que más nos duele, porque, si fuera un particular que reclama su vivienda, sería absolutamente lógico que el inquilino tuviera que irse; o, si fuera un fondo buitre, pues ya sabes que está a lo suyo; pero que sea el propio Gobierno el que te echa a la calle en el contexto en el que estamos y, además, con un discurso oficial que dice exactamente lo contrario, es algo que para nosotros es incomprensible y doloroso, y que nos produce mucha tristeza y mucha rabia".
Los pisos de la polémica
Los afectados son "más de 30 familias" que desde hace años viven en los pisos de la ya extinta Sociedad Pública del Alquiler y que se reparten por distintas zonas del centro de Madrid: desde Arguelles hasta Lavapiés pasando por Pacífico. Sin embargo, Peña insiste en que lo suyo no son alquileres sociales tal y como se conocen hoy en día: "Nosotros no pagamos 200 o 300 euros; pagamos un alquiler que va entre los 800 y los 1.200 euros, dependiendo del piso y de la zona. Es decir, que son alquileres más o menos normales, no al precio del mercado enfermo que hay ahora mismo, pero suficientemente altos para que el Estado reciba un ingreso notable y a nosotros, como familias, se nos permita vivir en el centro de la ciudad".
El problema es que, por muy altos que sean los precios, siguen siendo más bajos que los que ahora mismo se ofrecen en el mercado libre. Por eso, muchos temen no hallar alternativa y quedarse en la calle. "Estamos angustiados y desesperados. Yo tengo una hija menor con la que no sé lo que voy hacer —dice Peña—, y aquí hay personas de 40 años que están desempleadas, personas de casi 65 que están a punto de jubilarse, gente con hijos, gente con problemas de salud mental… Y a veces se habla mucho de la crisis de la vivienda como si solo afectara a los jóvenes, pero no; aquí hay gente que tiene 55 años como yo, que, si vas a un banco y pides una hipoteca, te la dan a 20 años, con lo que te queda una hipoteca altísima".
Precisamente por eso, no entienden cómo el Ejecutivo de Pedro Sánchez no es consciente del daño que les va a causar a todos ellos. "Y ahí está la incoherencia y la incongruencia del Gobierno con su propio discurso público en materia de vivienda, que dicen que tiene que haber vivienda pública y alquiler asequible, y al mismo tiempo, a través de la Tesorería General de la Seguridad Social, nos dicen que nos tenemos que ir a la calle", se queja el portavoz de los afectados que, además, asegura que ahora mismo ya hay muchísimas viviendas vacías que no están aprovechando.
"Donde yo vivo hay 5 pisos vacíos, pero hay edificios que tienen hasta 20, con la inmoralidad que significa tener vivienda pública vacía en una crisis habitacional como la que estamos viviendo. Y ahí las tienen tapiadas o con puertas de seguridad para que no se las okupen", insiste.
Ni les reciben ni les ofrecen alternativas
Por si fuera poco, Peña se queja de que el Gobierno, el último responsable de que les vayan a desalojar, ni siquiera se haya dignado a reunirse con ellos para escuchar su situación y tratar de encontrar una solución que beneficie a ambas partes, tal y como han solicitado por carta tanto a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, como a Elma Sáiz. "La Tesorería de la Seguridad Social depende de una Secretaría de Estado que, a su vez, depende de la Ministra de Inclusión y Seguridad Social. Es decir, que el Gobierno no puede excusarse en que esto no depende de ellos —advierte Peña—. Basta con que la ministra levante el teléfono y llame al director de la Tesorería General de la Seguridad Social y diga que pare el procedimiento o se reúna con nosotros para ver qué solución nos puede ofrecer".
De ahí, la gran decepción de estas 30 familias que seguirán dando la batalla hasta que no les quede otra que abandonar sus casas en las próximas semanas: "El que nos está echando la calle es el Gobierno y es algo absolutamente incongruente con su política. Es decir, que sea el Gobierno el que siga hablando de que la vivienda es el quinto pilar del Estado del Bienestar y que ese mismo Gobierno nos eche a la calle es algo que no se pueda comprender".