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La novedad que llegará a los cajeros españoles a partir del 28 de junio

Una nueva normativa obligará a que todos los nuevos cajeros automáticos sean accesibles, inclusivos y fáciles de usar para todos.

Una nueva normativa obligará a que todos los nuevos cajeros automáticos sean accesibles, inclusivos y fáciles de usar para todos.
España cambia sus cajeros automáticos desde el 28 de junio de 2025. | Europa Press

A partir del próximo 28 de junio, España entrará en vigor una ley que obligará a que todos los nuevos cajeros automáticos cumplan criterios estrictos de accesibilidad.

El origen de esta medida se remonta a las directrices europeas que llevan más de una década promoviendo la plena inclusión de las personas con discapacidad. En el caso español, la medida se enmarca en la Ley de accesibilidad aprobada en mayo de 2023, y su aplicación concreta comenzará este 28 de junio. El objetivo: eliminar las barreras que impiden a personas con discapacidades visuales, auditivas o de movilidad utilizar cajeros de forma independiente.

¿Cómo serán?

Según la normativa, todos los cajeros automáticos que se instalen a partir de esa fecha deberán ser "más inclusivos, accesibles y comprensibles". En la práctica, esto se traducirá en dispositivos con interfaces adaptadas, pantallas con tipografías de mayor tamaño, menús simplificados y la posibilidad de recibir instrucciones a través de voz para usuarios con discapacidad visual. También habrá mejoras táctiles y botones más intuitivos para facilitar la navegación sin necesidad de habilidades digitales avanzadas.

Tal como establece la ley, "la información que aparezca en pantalla tendrá que presentarse en distintos formatos: visuales, auditivos y táctiles", lo que permite que personas con diversas limitaciones funcionales puedan operar los cajeros sin necesidad de ayuda externa.

Pese a la inminencia del cambio, no todos los cajeros automáticos deberán ser sustituidos de inmediato. La normativa distingue entre dispositivos nuevos y los que ya están en funcionamiento. Los cajeros instalados antes del 28 de junio podrán seguir operando durante el resto de su vida útil económica, con un plazo máximo de diez años.

Además, si se trata de servicios financieros contratados antes del 28 de junio, el plazo para adaptarse a las nuevas condiciones se extenderá hasta el 29 de junio de 2030. De este modo, las entidades disponen de margen para planificar los cambios sin poner en riesgo la operatividad ni la atención a los usuarios.

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