El Gobierno ha intervenido directamente en la OPA de BBVA sobre Sabadell inventándose una fórmula en la que, aprobando la operación, prohíbe al mismo tiempo que se lleve a cabo al menos en los próximos tres años. Una muestra más de la raíz netamente intervencionista de este Gobierno y, con la falta de escrúpulos a la que nos tiene acostumbrados, su capacidad para retorcer lo máximo posible los límites de la legalidad y la dialéctica.
Sin embargo, la otra parte del Ejecutivo, la que integran los ministros de Sumar, con Yolanda Díaz al frente, ha querido copar también parte de la atención mediática sobre su formación atribuyéndose los méritos del boicot a la OPA. De este modo, la ministra de Trabajo ha reivindicado que han actuado conforme a lo que dicta el deber y han logrado evitar una operación que, a su juicio, sería muy negativa para España.
Lo paradójico, no obstante, es que los ministros de Sumar, y Yolanda Díaz particularmente, han tenido una capacidad de influencia en la decisión del Gobierno muy limitada, porque el principal responsable de la misma ha sido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. De hecho, como hemos publicado en Libre Mercado, fue el titular de Economía quien hizo público el anuncio sobre la postura final del Ejecutivo en relación con la operación, así como las condiciones impuestas a la misma.
Protagonismo de Sumar
Así las cosas, Yolanda Díaz ha defendido las condiciones del Gobierno a la OPA del BBVA sobre el Sabadell, las cuales pasan principalmente por exigir que en los tres próximos años las entidades operen de forma independiente y que en ese periodo no se pueda realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). "Hemos hecho lo que teníamos que hacer y es intentar evitar una operación que es muy negativa para nuestro país", ha aseverado la ministra de Trabajo en los pasillos del Congreso este miércoles.
Asimismo, como ya han hecho en numerosas ocasiones algunas de las principales figuras de la extrema izquierda española, como Ione Belarra, Irene Montero o la propia Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo ha señalado que "la concentración bancaria en España es un riesgo sistémico". Así, ha insistido en que el nuestro es un país con un elevado grado de concentración bancaria, subrayando que la fusión de ambas entidades supondría agudizar la "exclusión financiera" de zonas rurales, además del despido de entre 5.000 y 10.000 personas.
Al respecto, la ministra de Trabajo ha concluido que "el Gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer", destacando que lo imperativo era, "en el marco legal, poner condicionantes clarísimos para evitar lo que el BBVA, a día de hoy, pretende".
Del mismo modo, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido también las condiciones impuestas por el Gobierno de Pedro Sánchez a la fusión entre BBVA y Sabadell "buscan salvaguardar el interés general", denunciando cómo, desde su perspectiva, la concentración en el sector bancario tiende a suponer que la gente "se ha quedado sin sus oficinas, tiene peores condiciones y recibe un peor servicio". Por ello, ha recalcado que "lo que hemos hecho es poner las condiciones para que no sea así, que los consumidores no paguen las veleidades o los intereses económicos de un puñado de multinacionales".
Ahora bien, lo irrisorio de esta reacción de los ministros de Sumar a la decisión del Gobierno radica en la escasa influencia que han podido tener. Más allá de formar parte del Consejo de Ministros, instancia a la que elevó la cuestión el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el pasado 26 de mayo, lo cierto es que el principal responsable de que el Gobierno haya tomado esta determinación con respecto a la operación ha sido, precisamente, el titular de la cartera de Economía.