El Ministerio de la Función Pública de Pedro Sánchez ha cedido al País Vasco las competencias básicas en empleo público para que puedan elevar la contratación de funcionarios por encima de la tasa de reposición aplicada de forma general. Puesto que el País Vasco vive de un esquema de financiación privilegiado, la financiación de ese nuevo empleo público no será un problema: saldrá de su nula aportación al sistema de solidaridad general español.
El sindicato CSIF ha puesto el grito en el cielo por "la medida romperá la equidad en la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos: CSIF no avalará con su firma una oferta que mantenga la tasa de reposición, sin datos de creación de empleo neto, con reducción de plazas de promoción interna, y que no incluya al personal laboral en el Exterior en los procesos selectivos", señala el sindicato. Y menos, con una ruptura de la regulación nacional en el País Vasco.
El Ministerio de Función Pública ha admitido ya que la próxima oferta de empleo público "contendrá una tasa adicional para el País Vasco (en concreto para el ámbito de la Justicia), por encima por tanto de los criterios comunes para el resto del territorio nacional. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha trasladado ya a Función Pública su rechazo a esta iniciativa dado que supondrá una discriminación para el resto de administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos, dado que podrán reforzar sus plantillas públicas por encima del resto de territorios", señala el sindicato.
CSIF ya se opuso a esta cuestión incluida en los acuerdos de investidura entre los grupos parlamentarios de PSOE y PNV. Estos acuerdos también "abrían la posibilidad a que la comunidad vasca aprobara incrementos en las retribuciones de sus empleados públicos por encima de lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado", dice CSIF. Más allá de esta cuestión, el sindicato "rechaza que se mantenga la tasa de reposición, que no se aporten datos de plazas nuevas (lo que impide evaluar la creación y la evolución del empleo neto), que se reduzca la promoción interna significativamente, que se excluya de ésta al personal laboral en el Exterior y que hayan caducado plazas de la OEP 2022 (como ya ocurrió en las del 19, 20 y 21) por la lentitud en la celebración de procesos selectivos".
Lo cierto es que el departamento de Óscar López no ha aportado datos globales de la oferta de empleo público, más allá de la idea general de que se creará empleo neto. "En este sentido, CSIF no avalará con su firma una oferta de empleo público discriminatoria, que impida reducir el déficit de plantillas y frene la renovación generacional en el resto del Estado", apunta el sindicato.