España vuelve a ocupar titulares… por las peores razones. Según el Índice de Seguridad Jurídica (ISJ) que el Instituto Juan de Mariana acaba de hacer público, nuestro país se desploma hasta la posición 20 de 27 en el ranking de países de la Unión Europea, con una nota de apenas 6,5 sobre 10. Se trata del peor dato de toda la serie histórica reciente y de una nueva evidencia del deterioro institucional vivido por nuestro país bajo el mandato de Pedro Sánchez.
El ISJ evalúa diez pilares clave, desde el Estado de Derecho hasta la independencia judicial o la previsibilidad fiscal, y sitúa a España muy lejos del grupo de cabeza, donde destacan socios comunitarios como Dinamarca (8,9), Finlandia (8,7) o Luxemburgo (8,3).
El retroceso español es aún más evidente si se consulta la evolución histórica del ISJ. Este ejercicio muestra que, tras alcanzar un pico de 7,9 puntos en 2003, España inició un declive continuado que se ha visto significativamente agravado desde 2018 con la llegada de Sánchez a la Moncloa. Así pues, la nota cosechada en el indicador del Instituto Juan de Mariana es la peor de las dos últimas décadas.
Corrupción y politización
El informe denuncia que el mandato de Pedro Sánchez ha estado marcado por la "erosión de los contrapesos democráticos y una creciente politización de instituciones clave, como el Tribunal Constitucional, el CIS, RTVE o el Tribunal de Cuentas". A esto se suman otros episodios como "la colocación de ex ministros en órganos de control, un Fiscal General del Estado investigado por la justicia, y las causas de presunta corrupción que salpican al PSOE y al entorno familiar del propio Sánchez".
Estas conclusiones son coherentes con los hallazgos de distintos estudios internacionales. No hay que olvidar que España ha registrado en 2025 un desplome histórico en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, cayendo diez puestos en un solo año, hasta situarse en el lugar 46 mundial, su peor dato desde los peores tiempos de Felipe González.
Un lastre para la economía
El deterioro institucional no solo supone un problema democrático: es, asimismo, un lastre económico de primer orden. El Banco de España calcula que si España lograse igualar los estándares institucionales de Dinamarca, su productividad crecería un 19% en solo cinco años, lo que implicaría hasta 6.000 euros más de renta per cápita.
Sin embargo, lejos de converger con el norte de Europa, España figura hoy entre los cinco países con mayor deterioro institucional de las últimas dos décadas, junto a Hungría, Polonia o incluso Estados Unidos.
Caso Beckham: la tormenta fiscal
El informe dedica un apartado especial al caso de la Ley Beckham, que ilustra la inseguridad jurídica en materia tributaria. Durante años, la Agencia Tributaria expidió certificados garantizando el régimen fiscal especial para trabajadores desplazados. Sin embargo, la propia Administración ha iniciado inspecciones retroactivas que cuestionan la validez de esos actos administrativos consolidados. "Es una ruptura de la confianza legítima y un símbolo del caos normativo", denuncia en su estudio el think tank liberal.
A ello se suman prácticas "agresivas" de la Agencia Tributaria, como requerimientos intrusivos a familiares o colegios de los contribuyentes, e incentivos perversos vinculados a la recaudación. El resultado es un entorno fiscal "altamente inestable y punitivo" que desincentiva la inversión y el talento extranjero. Esta circunstancia ya ha motivado una macrocausa contra Hacienda liderada por el bufete Amsterdam & Partners.
La conclusión del Instituto Juan de Mariana es clara: España necesita una reforma institucional profunda que devuelva la seguridad jurídica, refuerce el Estado de Derecho y recupere la confianza tanto de los ciudadanos como de los inversores.