Alguna vez he escrito que una de las fuerzas que dominan el mundo, quizás la más importante, es la inercia. Es una fuerza física (es muy difícil parar algo ya en marcha) pero también mental (nos cuesta mucho imaginarnos mundos alternativos a lo que tenemos delante).
Y miren que digo "inercia" y no costumbres ni orden espontáneo. Porque por un lado tenemos esos procesos que poco a poco, por un proceso de prueba y error, se van consolidando a lo largo del tiempo (muchas veces sin que sepamos muy bien por qué). Esto a los liberal-conservadores nos encanta. Pero por otro lado, uno mucho más peligroso, aparecen esas situaciones que un día alguien decidió que tenían que ser así (dirigismo y centralidad) y luego es imposible cambiar por una mezcla de intereses creados, pereza intelectual o pura fuerza de las circunstancias.
Por ejemplo, esta semana me encontré en El Mundo con este titular: "El fin de USAID, la mayor agencia de ayuda al desarrollo del mundo, provocará más de 14 millones de muertes". Y más allá de la posición de unos y otros (yo, a favor; pero entiendo que haya quien esté en contra) sobre la decisión del Gobierno de Donald Trump de recortar casi por completo los fondos destinados a ayuda al desarrollo, lo que más me llamó la atención fueron las asunciones que se dan por sentadas respecto a un programa que está ahí pero podría no estarlo.
Lo primero, lo obvio. Decir que cerrar USAID provocará "14 millones de muertes" es de una profunda injusticia para con el que ha sostenido esa agencia durante años: el contribuyente norteamericano. Esto es como si yo mañana me abro una cuenta de donación de 1.000 euros al año en una entidad benéfica que tiene programas en el Tercer Mundo. Y dentro de cinco años decido cerrar mi cuenta. Y me llaman de la organización y me dicen: "Como cada dosis de vacuna contra la malaria cuesta 25 euros, el hecho de que tú no dones, hará que 40 niños dejen de recibir la dosis y 10 de ellos morirán cada año por tu culpa". Pues hombre, me parecería un poco injusto. Si acaso, agradéceme lo que haya aportado en los años previos. Pero no puedes convertir lo que hice de forma voluntaria en una obligación de la que dependen las vidas de otros. Porque entonces pienso, "¿si no hubiera empezado a donar, no mataría a nadie?".
En esta línea, a todos estos políticos, intelectuales, periodistas y famosos que parecen preocupadísimos en los últimos meses por las medidas de Trump, les doy un consejo gratis para salvar sus conciencias y las vidas de esos niños de los países pobres que tanto les inquietan: que sustituyan ellos a USAID. Parece ser que el presupuesto para ayuda al exterior de esta agencia era de unos 43.000 millones de dólares. Eso, entre los países ricos que se precian de solidarios, debería ser una cifra muy fácil de conseguir. O incluso entre los millonarios anti-trumpistas en EEUU, que son muchos. Si no lo hacen, alguien podría imaginar titulares alternativos:
- "La negativa de la UE, Canadá y Reino Unido a financiar los programas de ayuda al desarrollo de USAID provocará más de 14 millones de muertes"
- "La negativa de los 43.000 demócratas más ricos de EEUU a aportar a USAID un millón de dólares al año cada uno (que es una pequeña fracción de sus ingresos o su patrimonio) provocará más de 14 millones de muertes"
Serían igual de injustos que el primer titular. Pero al menos repartimos culpas. Entre los que dejan de pagar (pero alguna vez pagaron) y los que nunca lo hicieron.
Las inercias
Lo segundo, casi más peligroso, es lo de las inercias. Los programas de ayuda al desarrollo comenzaron, en su mayoría, en los años 60. Desde el principio, han sido muy polémicos, para bien y para mal.
Es verdad que se puede hacer mucha demagogia con ellos. Los que dicen que salvan la vida de millones de niños que sin ellos morirían de hambre. Pero también los que señalan algunas de las partidas más absurdas. O los que advierten sobre el creciente gasto burocrático o de personal: cada vez más dinero se destina a sostener la maquinaria, al margen de los supuestos beneficiarios.
[Nota al margen: el Gobierno Trump ha hecho mucho ruido, con razón, con algunos programas que tenían títulos que como mínimo podríamos calificar de pintorescos. En la misma línea, hace años que existe una enorme polémica sobre si la ayuda al desarrollo en realidad enmascara la persecución de una agenda ideológica (y de izquierdas), que con la excusa de curar la malaria o mejorar la nutrición infantil, en realidad quiere instaurar políticas progresistas en comunidades a las que todo eso les suena a chino. Abrir este melón requeriría otro artículo. ¿Hay razones para creer que parte del dinero se ha gastado más con fines ideológicos que en la búsqueda de mejorar las condiciones materiales de las comunidades afectadas? Sí. ¿Qué parte? Imposible dar un porcentaje. ¿Hay muchos programas que sí cumplen con la finalidad teórica: alimenticia, sanitaria, de condiciones de vida? También, probablemente la mayoría].
Aquí no entraremos demasiado en esta discusión. Es evidente que algunos beneficios tendrán estos programas de ayuda. Si te gastas 43.000 millones al año, seguro que va a haber gente de países pobres que va a vivir mejor tras ese desembolso. Hombre, es que si no beneficiaras de verdad a nadie con ese presupuesto... eso sí sería para nota.
La clave del debate no es ésa, sino (1) si es la mejor forma de ayudar; (2) si la ayuda no tiene efectos adversos de segunda ronda (cronificación de la pobreza; puede ser una forma de sostener gobiernos corruptos, que son los que gestionan esas ayudas...)
Aquí yo estoy con William Easterly ("La carga del hombre blanco. El fracaso de la ayuda al desarrollo") o Dambisa Moyo ("Cuando la ayuda es el problema: hay otro camino para África"). Su tesis no es que cualquier ayuda al desarrollo sea mala o que no haya nadie que nunca se haya beneficiado de un programa de vacunación o de suplementos alimenticios. Lo que nos dicen, más bien, es que los grandes programas no han sido exitosos y que lo que necesitan esos países es más mercado-globalización-comercio; y menos Estado-dirigismo. Y que la ayuda, mejor si es a través de pequeñas organizaciones que trabajen sobre el terreno, rindan cuentas directamente a sus donantes y busquen resolver problemas concretos.
Si alguien quiere una agenda más intervencionista, que no se quede sólo en el "dejad que el mercado actúe" (y sí, actuaría y muy bien), puede tirar del Copenhagen Consensus Center que dirige Bjorn Lomborg y que lleva un par de décadas tratando de plantear un enfoque muy sensato de coste-beneficio, que incluye también el análisis de cómo de efectiva es cada medida, de si llega o no al beneficiario final, de cómo de sencillo es aplicarla, etc...
Pero, de nuevo, aquí comenzaría otro debate. En una esquina el intervencionista clásico que asegura "sólo con ayuda del Estado es posible que se pongan en marcha estos programas"; en la otra, los liberales, que decimos "vuestra ayuda, en realidad es perjudicial".
Tampoco es el tema del artículo, sino lo de los muertos y la inevitabilidad de los mismos si cierra USAID. Y las inercias. Porque lo que me aterra de este enfoque es algo que hemos visto demasiado a menudo en el último siglo. Primero se pone en marcha un programa del Estado que algunos apoyan y otros critican. Unos años después, alguien intenta cerrarlo, una decisión tan legítima como fue abrirlo. Entonces llegan las denuncias: uno, vas a dejar tirados a los beneficiarios; dos, vas a dejar todavía más tirados a los trabajadores que desarrollaban el programa (los empleados de USAID o las organizaciones asociadas llevan meses denunciando su situación).
Y la prensa pone su atención en estos dos grupos, sin mirar nunca al tercero (el de los contribuyentes) o al cuarto (el de los que criticamos el programa porque hace más mal que bien). Es ese efecto trinquete que tan bien conocemos en el caso del Estado: lo complicado que es deshacer un programa público una vez en marcha. Da igual si es una partida de investigación ("si cierras, adiós a los avances contra el cáncer"), el Ministerio de Vivienda ("¿vas a dejar sin casa a miles de personas al año?") o el Instituto de la Juventud ("no te preocupa el futuro de nuestros jóvenes").
Siempre habrá algún logro científico o médico que pueda achacarse a sus miembros; o encontrarás a alguien al que le habrá ido mejor en la vida gracias a alguno de estos organismos (bueno, no nos pasemos: en el caso del Instituto de la Juventud nos cuesta imaginar a quién).
Así que, al final, lo único que nos queda a los que queremos reducir el tamaño del Estado es protestar de vez en cuando por el nivel de impuestos general y agachar la cabeza con cada nueva partida de gasto que se aprueba. Porque, cómo vamos a pedir la reducción de un euro del presupuesto: ¿es que, acaso, queremos que mueran 14 millones de personas por nuestra culpa?
[Nota al margen 2: otro tema polémico, en el que no entraremos, tiene que ver el dato del titular de la noticia. Lo de los 14 millones es un cálculo que han hecho entidades muy críticas con el Gobierno Trump y favorables al mantenimiento de los programas. Estoy seguro de que tienen cientos de tablas que ofrecernos para justificar sus conclusiones. También lo estoy de que hay cierto conflicto de intereses o ideológico que podría provocar que algunos seamos escépticos sobre la fiabilidad de estas cifras].