Navarra gasta un 69% más que Madrid en políticas sociales, pero sus resultados son peores: más pobreza y menos renta por hogar. Además, su programa de "renta garantizada" arroja tasas de fraude de hasta el 81% y una incapacidad crónica para reducir sostenidamente el número de beneficiarios y lograr su inserción efectiva en el mercado.
Estos datos, desvelados recientemente por Libre Mercado, reflejan una tendencia creciente en toda España, donde el volumen de ayudas no se traduce en mayor bienestar. De hecho, según el economista Ángel de la Fuente en un estudio de Fedea, ya son más de siete millones las personas que perciben algún tipo de subsidio público en nuestro país, con un coste agregado que supera los 28.000 millones de euros al año.
Esta avalancha de gasto asistencial va acompañada de una preocupante falta de control y transparencia. El caso más reciente lo protagoniza Cataluña, donde un informe de reciente publicación elaborado por el Tribunal de Cuentas autonómico ha detectado pagos indebidos por valor de 167,5 millones de euros en las distintas prestaciones sociales abonadas por el gobierno regional a lo largo de los años.
El organismo fiscalizador alerta de que 227.990 expedientes presentan irregularidades y cifra el monto defraudado entre 2016 y 2024 en unos 167,5 millones de euros. De esta cifra, 70,6 millones corresponden a ayudas por dependencia, 43,7 millones se explican por pagos de pensiones no contributivas y 36,1 millones obedecen a otro programa de "renta garantizada".
El informe apunta a una gestión "excesivamente compleja" y "carente de controles eficaces". Se han identificado numerosos casos de "duplicidades, incompatibilidades y pagos a personas que no cumplían los requisitos legales". El Tribunal de Cuentas (conocido como Sindicatura) no descarta que existan responsabilidades administrativas o judiciales derivadas de estos pagos improcedentes.
A esta situación se suma el escándalo en la antigua entidad encargada de gestionar la protección de menores. Conocida como DGAIA, ha sido sustituida por una nueva dirección general, tras destaparse irregularidades en la adjudicación de plazas y el reparto de fondos. La consejera del ramo, Mónica Martínez Bravo, ha reaccionado proponiendo medidas tan polémicas como una "amnistía parcial" para los cobros indebidos, en lugar de una depuración total de responsabilidades.
Mientras tanto, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha insistido en que las políticas sociales están entre "las más difíciles que existen" y, si bien ha admitido que "hay que hacer un replanteamiento", su voluntad es "mirar hacia adelante", en vez de revisar de raíz un paradigma evidentemente ineficaz, abierto al uso clientelar y muy vulnerable al fraude.