Que el Gobierno no haya sido capaz de subir el impuesto al diésel este año es uno de los principales motivos que explican que la Comisión Europea no haya entregado a España el 100% del quinto pago de los fondos europeos.
De esta suculenta cuantía (24.137 millones de euros brutos), España recibirá unos 1.000 millones de euros menos como castigo, aunque podrá recuperarlos más adelante si, finalmente, logra subir la fiscalidad a los conductores y/o soluciona la situación de los funcionarios interinos, otro de los "hitos" suspendidos esta semana.
Dentro de este quinto desembolso, llama la atención que, en pleno caos ferroviario, Bruselas haya validado los "avances" en "infraestructuras" como "inversiones en transporte (carreteras, cercanías, red ferroviaria)" de nuestro país, tal y como informa Hacienda.
Contra el diésel, desde 2028
Volviendo al diésel. Bien es cierto que el Gobierno tiene comprometido con la CE este palo a los coches diésel desde el año 2021, pero por voluntad propia. A cambio de los fondos europeos, Bruselas exigió una reforma fiscal e impuestos medioambientales. Para ello, el Gobierno se comprometió a subir el diésel, entre otras medidas. Pero no lo ha conseguido, por lo que es lógico que Bruselas se lo exija.
Eso sí, aunque el Gobierno se escudará en Bruselas y la necesidad de conseguir el dinero europeo para volver a intentar subir los impuestos a los 13 millones de conductores de un diésel que hay en España, cabe recordar que este incremento está en la agenda del Ejecutivo de Sánchez, prácticamente, desde su llegada a Moncloa.
Y es que, el Ejecutivo de Sánchez lleva amagando con subir la fiscalidad al diésel desde que llegara al Gobierno con el pretexto de la protección del medioambiente. Prueba de ello fueron las palabras de la ministra Teresa Ribera en el año 2018 en las que aseguró que "el diésel tiene los días contados" en España y supusieron un grave perjuicio para el sector.
Ya en 2019, el Gobierno introdujo esta subida en los Presupuestos, aunque el PNV le obligó a retirarla. A finales del año 2024, Sánchez sufrió varios fracasos en el ámbito de su reforma fiscal. Uno de ellos, tuvo lugar en una lunática Comisión de Hacienda del Congreso, que acabó rechazando muchas de las subidas de impuestos que planteaba el PSOE (y que había intentado colar de tapadillo en mitad de la tragedia de la Dana). Entre esos golpes fiscales estaba la subida del diésel, que no cuenta con el apoyo de sus socios. Así, la idea de aprobarlo por decreto ley, para que luego se lo tumbe el Congreso, sería un nuevo ridículo para Sánchez, por lo que quedaría descartado.
Más intentos de subir impuestos
Eso sí, el diésel no es el único compromiso del Gobierno ante Bruselas en materia fiscal dentro del Componente 28 titulado "Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI", que no es más que un sablazo fiscal que ha programado por Sánchez para los próximos años y a cambio de los fondos europeos.
Como se observa en la siguiente tabla remitida a Bruselas, y actualizada en mayo de este año, el Gobierno se compromete en 2025 a la aplicar la "entrada en vigor de las reformas legislativas derivadas de un análisis en profundidad de las revisiones existentes, incluidas las de la AIReF, y del grupo de trabajo creado para evaluar las ventajas fiscales adicionales y otros análisis del Ministerio de Hacienda".
Según explican, "las reformas normativas tienen por objeto hacer que el sistema tributario sea más eficaz, apoyar la transición ecológica o promover la equidad y se estimarán, en el momento de su entrada en vigor, para aumentar permanentemente los ingresos en 0,1 puntos porcentuales del PIB".
Estas reformas consisten en, por ejemplo, realizar un "análisis de beneficios fiscales" que consiste en "una revisión exhaustiva de los beneficios fiscales existentes" con el fin de eliminar algunos de ellos para aumentar la recaudación. Esto significa que el Gobierno se compromete a evaluar cada uno de los 13 beneficios del IRPF, IS, IVA e IIEE que puso en entredicho la Airef en 2020. Es decir, subir de facto esos impuestos.
Además de seguir las recomendaciones de la Airef, los expertos de Hacienda también buscan entre otras medidas, la armonización fiscal, que implicará una subida del Impuesto de Sucesiones en la Comunidad de Madrid o Andalucía.
Además del diésel, el Gobierno se comprometió en 2023 a "la entrada vigor de las reformas derivadas de las recomendaciones del Comité de Expertos o de otros análisis del Ministerio de Hacienda en los ámbitos de la fiscalidad medioambiental, la fiscalidad de las empresas, la fiscalidad del patrimonio, la fiscalidad derivada de la salud y el impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre la renta del capital, que incluirán, entre otras cosas, la entrada en vigor de los aumentos del impuesto sobre el gasóleo. Estas reformas, junto con las medidas que introducen limitaciones a la compensación de las bases imponibles negativas que quedan fuera del ámbito de aplicación del PRR, se estimarán en el momento de su entrada en vigor para aumentar permanentemente los ingresos en al menos 0,3 puntos porcentuales del PIB". En este sentido, el Gobierno planteó el año pasado subir el IVA a la sanidad privada, aunque fracasó.
Dentro de este apartado, el Gobierno se comprometió para 2022 la "revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos". La reforma prevé "un análisis de las figuras tributarias que gravan la matriculación y la utilización de vehículos o la creación de peajes de carretera. Sobre la base de este análisis, se estudiará la posibilidad de modificar la legislación para promover un transporte por carretera más sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero" señala todavía el Gobierno en 2025, con la introducción de los peajes todavía está en el aire y el Impuesto de Circulación más alto.