La actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la OPA del BBVA sobre Sabadell podría tener importantes consecuencias para nuestro país, sobre todo si desde la Unión Europea se posicionan finalmente en contra de las injerencias del Ejecutivo socialista sobre el sector empresarial. De hecho, según el diario Expansión, afirman que desde Bruselas estarían a punto de poner en marcha la apertura de un procedimiento de infracción contra nuestro país por las condiciones impuestas por el Gobierno a la operación. Recordemos que el Consejo de Ministros decidió dar luz verde a la operación, pero prohibiendo la fusión entre las dos entidades al menos durante los próximos tres años.
La UE, contra Sánchez
De acuerdo con Expansión, la Comisión Europea concibe que las condiciones que el Gobierno de Pedro Sánchez ha impuesto sobre la OPA del BBVA a Sabadell son contrarias a la libre circulación de capitales, uno de los pilares fundamentales de la Unión Euopea. Es más, según este diario, desde la UE tienen la intención de iniciar este procedimiento "antes del parón veraniego", descartando la posibilidad de que finalmente esto no se lleve a cabo.
Desde el gabinete de comunicación de la Comisión Europea en Madrid detallan a Libre Mercado que, en estos momentos, desde el organismo no tienen nada que indicar en relación al posible expediente contra el Gobierno de España. Sin embargo, confirman a este medio que la Comisión ya abrió un 'EU Pilot' a finales de 2024, es decir, un proceso informal de intercambio de información sobre la compatibilidad de la OPA con la legislación comunitaria.
Este proceso es un paso previo a la apertura de un procedimiento de infracción, el cual puede derivar o no en el inicio de una iniciativa de estas características en función de lo que concluya la Comisión. Por tanto, de ello podemos concluir que la Comisión está estudiando la compatibilidad de las condiciones impuestas por el Ejecutivo sanchista sobre la OPA con el derecho comunitario.
En cualquier caso, Expansión asegura que en la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales se consideraría que nuestro país está haciendo un uso demasiado extenso del concepto de interés general. Asimismo, recuerdan que hace más de un mes, tras las condiciones impuestas por la CNMC, la Comisión expresó que no existen razones para bloquear esta operación.
Por su parte, según recoge Europa Press, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo ha afirmado que por el momento no tiene información sobre la apertura de un procedimiento de infracción por parte de la Comisión Europea. Del mismo modo, ha defendido que el Ejecutivo ha impuesto una serie de condiciones a esta operación "ciñiéndose exclusivamente y de manera muy estricta" a lo que habilita la normativa española.
En este sentido, el ministro ha defendido que "estas condiciones además tienen que tener un elemento de proporcionalidad y esta es la actuación que ha llevado a cabo el Gobierno". Además, se ha mostrado "convencido" de que la normativa española está "plenamente alineada" con la europea.
¿Cuál sería el procedimiento?
Con todo, cabe preguntarse cuál sería el procedimiento que se seguiría si la Comisión decide finalmente emprender las acciones pertinentes contra el Gobierno español abriendo un procedimiento de infracción. A este respecto, Expansión detalla que este proceso comenzaría con el envío de una carta en la que la Comisión solicitaría al Gobierno española información adicional sobre su decisión. Así, el Ejecutivo tendría que responder a la misiva en unos dos meses.
Posteriormente, en caso de que la Comisión concluyera que las condiciones impuestas por el Gobierno de España sobre la OPA del BBVA son contrarias al derecho comunitario, enviaría una solicitud al Ejecutivo en la que pediría que se ajustasen y cumplieran la legislación vigente en la UE. De hecho, en este documento la Comisión detallaría los motivos por los cuales considera que la decisión del Gobierno es contraria al derecho de la UE.
Además, se exigiría a nuestro país información sobre las medidas a implementar para corregir los errores cometidos. Finalmente, En caso de que el Gobierno de España no satisficiera las exigencias de la Comisión, ésta podría llevar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo cual podría conllevar sanciones económicas.