La gestión de Óscar Puente al frente del Ministerio de Transportes está siendo una de las más cuestionadas, puesto que es habitual que los usuarios de la red ferroviaria española sufran retrasos importantes de los trenes o, incluso, se quedan tirados en mitad del trayecto. Sin embargo, en lugar de aceptar su responsabilidad, el ministro suele servirse de argumentos torticeros que, en alguna ocasión, han llegado a implicar la denuncia de un supuesto boicot por parte de la oposición.
En este contexto, las empresas concesionarias de más de una decena de autovías de la red de carreteras española asumen el vencimiento de sus contrarios, por lo que tienen que negociar con el Ministerio el futuro de los mismos y sus condiciones. En concreto, a finales de 2026 finalizarán los contratos de diez tramos de las autovías A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4, además del peaje de la AP-68 Bilbao-Zaragoza, que ya están suponiendo un motivo de confrontación entre el Ministerio y las empresas encargadas de su gestión.
Costes millonarios
De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Transportes, el departamento ya estaría trabajando de cara al vencimiento de las concesiones a las empresas que gestionan las autovías de primera generación. "La Dirección General de Carreteras continúa avanzando en la preparación del proceso de reversión de los contratos de concesión de las autovías de primera generación, cuya finalización está prevista para diciembre del año 2026", detallan.
En concreto, según el Ministerio de Óscar Puente, se trataría de un total de diez tramos pertenecientes a las autovías A-1, A-2, A-3, A-31 y A-4, donde se llevaron a cabo diferentes obras, los cuales se "explotan actualmente bajo un régimen de gestión indirecta con el abono a cada concesionaria de un canon mensual (...) y de una serie de indicadores que evalúan el estado del conjunto de la infraestructura y la calidad en la prestación del servicio". A estos diez tramos hay que sumar también el peaje de la AP-68 Bilbao-Zaragoza, que vence en noviembre de 2026.
Así las cosas, debido a la extensa longitud de estos tramos, desde el Ministerio que dirige Óscar Puente asumen que la reversión de las concesiones es un gran desafío para el departamento encargado de su gestión. "La gestión de estos tramos constituye un caso de éxito como ejemplo de colaboración público-privada y dado que representan una longitud aproximada de 1.000 km de autovía, su reversión supone un importante desafío para la Dirección General de Carreteras", afirman desde el Ministerio.
A este respecto, desde El Economista confirman que el Ministerio de Transportes estaría terminando de elaborar los informes que posteriormente enviará a las empresas concesionarias cuyos contratos llegan a término el próximo año.
Sin embargo, según este medio, el Ministerio mantendría en estos momentos una confrontación directa con las empresas concesionarias debido a que las exigencias de estos informes obligarán a estas compañías a asumir costes millonarios que podrían llegar a provocar la quiebra de alguna de ellas. Del mismo modo, este diario explica que las empresas encargadas de la gestión de esta decena de autovías comenzaron las negociaciones con el Ministerio hace más de un año.