Tras más de tres horas de reuniones entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Ejecutivo vasco, y después de que el PNV escenificara su apoyo al presidente el pasado miércoles en el Congreso, en plena polémica por los presuntos casos de corrupción en el PSOE, el partido nacionalista ha salido de La Moncloa con un acuerdo bajo el brazo. El lehendakari, Imanol Pradales ha anunciado el pacto de la entrada de la SEPI en Talgo para desbloquear la compra del fabricante de trenes por parte del consorcio vasco. "Hemos encauzado la participación de la SEPI para hacer viable la operación del consorcio vasco", ha declarado Pradales que no ha querido desvelar las condiciones concretas del acuerdo "porque se tiene que materializar en las próximas semanas".
El lehendakari ha sacado pecho de haber logrado este acuerdo económico para que "el consorcio vasco se haga con el control de la compañía". A rebufo del independentismo catalán, el PNV sigue exprimiendo al Gobierno mientras advierte que "la confianza se construye cada día" y que el presidente tiene que "poner orden" en su Gobierno porque el impulso del País Vasco "no puede estar supeditado a los líos del Estado", en referencia a la corrupción que salpica al Ejecutivo.
Preguntado sobre que la SEPI facilite la compra de Talgo, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en una comparecencia posterior, ha esquivado el tema asegurando que sobre este asunto no podía contestar al no haber sido "motivo ni objeto" de la comisión bilateral. "Deberá responder el ministro pertinente", ha zanjado Torres que ha calificado esta reunión como "muy fructífera".
También han acordado la "ampliación de los medios patrimoniales adscritos a los servicios traspasados en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo", que incluye además el traspaso del centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CNMV). Este nuevo gesto recuerda el polémico traspaso del palacete en París valorado en más de 15 millones de euros que el Gobierno ya cedió anteriormente al Ejecutivo vasco.
También se consuma el traspaso del primer bloque de competencias en materia de Seguridad Social, en un movimiento que, más allá de su apariencia técnica, refuerza la estrategia de cesiones graduales al nacionalismo vasco. En concreto, se transfiere la gestión "de las prestaciones familiares y del subsidio especial por nacimiento en su modalidad no contributiva".
A ello se añade "la transferencia de la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar", así como nuevas "funciones y servicios en materia de Salvamento Marítimo", configurando un paquete que consolida una transferencia de poder significativa al Gobierno vasco, en un momento político especialmente delicado para el Ejecutivo central en aras a asegurar su supervivencia.
Aún así, Pradales ha advertido que necesitan "aumentar el ritmo y avanzar en los contenidos para cumplir el calendario pactado" avisando que a la vuelta de vacaciones van a remitir al Gobierno un documento con las competencias aún pendientes.