El titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha imputado al exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar diversas leyes que beneficiaban a empresas gasísticas que eran clientes del despacho de abogados, Equipo Económico (EE), que él mismo había fundado antes de entrar en el Gobierno de Mariano Rajoy.
En la investigación de esta trama están involucradas 28 personas y 6 personas jurídicas por la presunta comisión de siete delitos: cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Libertad Digital repasa las claves de la investigación recogidas en un auto de 12 páginas que acuerda levantar el secreto de las actuaciones.
El origen de la investigación
Las presentes actuaciones se iniciaron como consecuencia del hallazgo casual de un correo electrónico, en el seno de las investigaciones llevadas a cabo las DP 220/2017 PS seguidas en este mismo Juzgado, en el que se ponía de manifiesto la existencia de posibles pagos a la mercantil Equipo Económico a fin de obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas gasísticas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM). Se incoan las presentes diligencias previas, declarándose el secreto de las actuaciones con fecha 2 de agosto de 2018, declaración de secreto debidamente prorrogada.
La trama
La existencia de una organización, en la que muchos de los intervinientes habrían desempañado altos cargos en el Gobierno y la Administración Central, desde donde habrían ido creando una red de influencias cuyo fin último sería la obtención de un lucro económico. Así, a cambio de importantes pagos, y con presunto abuso del ejercicio de la función pública, intervienen de forma decisiva en reformas legislativas, con el fin de que éstas se desarrollen conforme a los intereses de sus clientes, quienes con anterioridad y a pesar de haberlo intentando, no han podido obtener las reformas pretendidas, de manera que para obtenerlas deben acudir a la mencionada organización.
Esa trama, organización u operativa, gira en torno a la mercantil Equipo Económico (EE) (antes Montoro Asociados y actualmente Global Afteli) así como en torno a los socios de hecho o de derecho de la misma. Las investigaciones se han centrado en las relaciones entre dicha organización y las empresas gasistas englobadas en la AFGIM (AIR LIQUIDE, ABELLO, MESSER, PRAXAIR y CARBUROS METÁLICOS).
El ‘modus operandi’
Las investigaciones han revelado que, hasta en dos ocasiones las gasísticas englobadas en la AFGIM, contrataron a EE a fin de que hiciese uso de su red de influencias con el fin de que se llevasen a cabo reformas legislativas en consonancia con sus pretensiones. En ambos casos, se sigue el mismo modus operandi.
La AFGIM y las empresas que lo conforman, tratan de conseguir que se legisle en base a sus intereses, acudiendo a diferentes consultoras, todo ello sin obtener resultados satisfactorios, encontrándose con la negativa de la Administración para introducir las reformas pretendidas. Ante dicha negativa, se acude a EE, que, en poco tiempo, y sin causa aparente, consigue que las reformas legislativas se desarrollen ateniendo a las peticiones de la AFGIM, que incluso llega a redactar los textos legales, todo ello mediante el pago de importantes desembolsos.
Primer caso investigado
La primera de esas dos ocasiones, en las que la AFGIM acude a EE, está relacionada con la obtención de una modificación legislativa con la finalidad de obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad
Las investigaciones llevadas a cabo ponen de manifiesto que los pagos que AFGIM realiza a EE tiene por objeto permitir el acceso al Ministro de Hacienda y al Secretario de Estado de Hacienda, ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación ad hoc, es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores cuyos costes de electricidad también superasen el lindar del 50% de los costes de producción, y ponen de manifiesto que correspondió a la AFGIM la redacción del texto propuesto para la elaboración de la norma que los incluyese en el citado beneficio fiscal, dando lugar a una situación que podría calificarse como de sustitución o externalización indebida en el ejercicio de potestades normativas en la fase pre legislativa de la elaboración de la ley así como de su reglamento de desarrollo.
Resulta relevante que la intervención de EE logró presuntamente, en menos de un mes, la modificación consecutiva tanto de la Ley 28/2014 como la del RD 1074/2014 que modifica el Reglamento de Impuestos Especiales. El único elemento diferenciador que propició tan notable cambio de criterio, en tan corto periodo de tiempo, fue la entrada en escena de EE previo acuerdo sobre el precio que deberían satisfacer al despacho.
Segundo caso investigado
Tiempo después se produce una segunda vinculación contractual entre la AFGIM y EE, que se traduce en una rebaja fiscal a las gasísticas en el IAE a través de la modificación en 2018 del RDLeg 1175/1990.
La investigación, también ha puesto de manifiesto que fue la propia AFGIM, la que redactó, y a través de EE, hizo llegar a la Subdirección General de Impuestos Locales de la Dirección General de Tributos, la propuesta de redacción de los epígrafes en discordia, y, no solo eso, sino que el texto aportado por la AFGIM se corresponde exactamente con el que acabaría recogiendo la Ley 6/2018 de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Por tanto, también respecto del IAE pudiera concluirse que el modus operandi seguido para la reforma legislativa a cambio de pago es idéntico al ya expuesto en relación a la modificación del impuesto sobre la electricidad.
Los pagos a Equipo Económico
En el período 2011-2019, según el modelo 347 presentado por EE, los pagos recibidos por las gasísticas AIR LIQUIDE,ABELLO, MESSER, PRAXAIR, SOC ESP CARBUROS METÁLICOS Y AFGIM alcanzan los 779.705 euros, teniendo en cuenta además que los informes técnicos encargados con la finalidad de argumentar sus pretensiones ante el poder público son elaborados por terceras instancias (EY) y en el mejor de los casos retocados por EE, a pesar de ello las minutas del despacho investigado pueden multiplicar por diez lo cobrado por las consultoras que confeccionan los informes.
Esta circunstancia permitió a las gasistas colaborar activamente en la redacción del proyecto que dio origen a la Ley 28/2014 y posteriormente en la Ley 6/2018, interviniendo AFGIM a influencias en el desarrollo reglamentario de las mismas, como así se desprende de los correos intervenidos.
Siete delitos investigados
Los hechos que resultan de lo actuado, sin perjuicio de ulterior calificación, podrían ser constitutivos de presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios, y falsedad documental.
El papel de Cristóbal Montoro
Socio fundador, Presidente y consejero de EE hasta abril de 2008. Ocupó el cargo de Ministro de Hacienda en los años en los que se tramitaron las normas de referencia, ejerciendo las más altas funciones y competencias decisivas en dicha tramitación.
Presuntamente, hace uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio, lo que presuntamente aseguraría una ganancia al despacho EE. El uso de tales potestades habría permitido a EE poder ofrecer a sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público. Se ha constatado, que el investigado ha nombrado entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas al despacho EE, lo que aseguraría que la elaboración y tramitación de los textos de los anteproyectos de Ley y proyecto de Reglamentos se redactasen "a demanda" de las mercantiles investigadas, tras aceptar aquellas pagar por ello.
Así, los nombramientos efectuados por Cristóbal M. permiten que el control de los órganos con competencias decisivas en la tramitación de las normas de referencia quedase vinculado al despacho.
Diligencias acordadas
1.-Levantar el secreto de actuaciones, que quedarán a disposición de las partes personadas.
2.-Dirigir el procedimiento como investigados por la posible comisión de delitos continuados de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad en documentos―sin perjuicio de ulterior y mejor calificación contra 28 personas y seis personas jurídicas
3.-El expurgo de los correos de interés para la causa, a tal efecto dese traslado previo al Ministerio Fiscal a fin de que informe lo que estime conveniente al respecto.
4.-Requiérase al Ministerio Fiscal y partes personadas a fin de que informen sobre la prórroga del plazo de instrucción conforme al art. 324 Lecrim.
Equipo Económico niega la trama
"Equipo económico niega de forma tajante y rotunda haber pertenecido a ninguna organización o trama encaminada a obtener modificaciones legislativas favorables para las empresas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM)".
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