La semana pasada, la Airef publicaba un demoledor informe sobre los perniciosos efectos del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Cuando se cumplen cinco años desde que José Luis Escrivá inaugurara este subsidio, la Airef ha realizado una radiografía completa del impacto causal de esta prestación en las decisiones laborales de sus beneficiarios.
El resultado del estudio nos dice que las prestaciones de último recurso, como el IMV, influyen sobre el salario de reserva de los beneficiarios, que es el salario mínimo al que un trabajador estaría dispuesto a aceptar un empleo, lo que hace que menos gente esté dispuesta a trabajar.
La presidenta del organismo, Cristina Herrero, llegó a afirmar en la presentación del estadio que no le sorprendía el resultado. Y es que, el fracaso de esta prestación ya ha sido demostrado en otros países. A continuación, algunas de las conclusiones:
- Cobrar el SMI disminuye la probabilidad de trabajar un 12%, aunque, llega a superar el el 20% cuando se trata de nóminas altas o jóvenes.
- A los que se quedan sin IMV, les aumentan las ganas de trabajar, un 7%.
- Otro dato preocupante es que el 90% de los beneficiarios permanece más de doce meses cobrándolo, el 75%, supera los veinticuatro meses, y aproximadamente el 60% mantiene la prestación durante más de tres años. Por lo que no es una paga de emergencia.
En el Gobierno, lejos de preocuparse, celebran que cada vez haya más personas en España cobrando esta prestación. Desde su creación hasta el pasado mes de junio, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 3.120.000 personas desde su puesta en marcha. Desde entonces, el Estado lleva desembolsados la friolera de 15.348,6 millones de euros con cargo al contribuyente. Cada año se superan los perceptores del IMV respecto al año anterior.
👩👧👦 El Ingreso Mínimo Vital ha entrado en 1.050.00 hogares y ayudado a más de 3.120.000 personas desde su puesta en marcha pic.twitter.com/AJ65dS7SWG
— Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) July 8, 2025
No deja de ser llamativo que la idea del Gobierno de "luchar contra la pobreza" sea la limosna estatal en lugar de crear un entorno en el que los ciudadanos puedan salir por sí mismos de la nefasta situación económica en la que se encuentran. Además, la cronificación de la pobreza sería incompatible con la versión de bonanza económica que el Ejecutivo de Sánchez vende sistemáticamente.