En 2024 se produjeron en España 86.595 disoluciones matrimoniales. Suena mucho. Porque lo es. El número de divorcios, que ascendió a 82.991, ha crecido un 8,2% respecto al año anterior, y no es una anécdota estadística. Es un fenómeno social de largo recorrido con consecuencias macroeconómicas que apenas se debaten, pero que importan –y mucho– a la hora de entender dinámicas como el aumento del precio de la vivienda, la presión fiscal sobre el Estado o la creciente atomización de los hogares.
Cada divorcio implica, en términos económicos, una duplicación parcial de estructuras de consumo. Donde antes había una vivienda, ahora pueden ser dos; donde había una nevera, puede que hagan falta dos. No es simplemente una cuestión sentimental o legal, es una transformación de la estructura productiva. Si los recursos son escasos, y los hogares se multiplican, el coste de vida se incrementa por simple presión de demanda.
Los datos del INE nos dicen que la tasa de disoluciones matrimoniales ha alcanzado ya los 1,8 por cada 1.000 habitantes, con una duración media de 16,4 años por matrimonio. En el 46% de los casos no hay hijos, pero en la otra mitad sí, lo que implica además un complejo entramado de custodias, pensiones alimenticias y reorganización patrimonial.
Todo esto tiene una consecuencia directa: más hogares unipersonales o monoparentales y, por tanto, más demanda residencial. Y, con una oferta rígida –especialmente en zonas urbanas tensionadas–, eso se traduce en presión al alza sobre los precios de la vivienda. Divorciarse puede ser emocionalmente liberador aun con el sufrimiento que conlleva, pero en términos de coste por metro cuadrado, es un lujo que la sociedad paga en conjunto y que pocos se pueden permitir. Por eso, también están aumentando las uniones de conveniencia económica y hay menores separaciones por este mismo motivo. Es triste, pero es lo que hay.
El divorcio tiene dos consecuencias importantes y nocivas en términos económicos. La primera y más importante es la desestructuración social. La familia es la unidad básica de la sociedad. Es lo que la célula al cuerpo. Una destrucción de la cohesión y los valores sociales deriva en consecuencias nefastas. Consecuencias en las que no vamos a profundizar, pero que analiza Hayek en el orden social, básico para el desarrollo de cualquier civilización.
En 2024, un 13,8% de los divorcios se formalizaron ante notario: mayor judicialización general del proceso familiar. Y con ella, un incremento de costes legales y burocráticos que engrosan las estadísticas, pero también los presupuestos públicos.
A su vez, los divorcios con custodia compartida –que ya alcanzan casi el 50%– implican no solo un reparto equilibrado del tiempo con los hijos, sino también duplicación de enseres, dormitorios y rutinas. En términos económicos: más consumo, pero no por mejora del bienestar, sino por duplicidad forzada. Esta es la segunda consecuencia. Menos importante, pero no despreciable.
Cuando hablamos de gasto público, solemos pensar en pensiones, sanidad o educación. Pero los divorcios también tienen un coste fiscal indirecto. Pensemos en subsidios de vivienda, ayudas a familias monoparentales, pensiones compensatorias, o asistencia judicial gratuita. Todo ello, en su conjunto, erosiona recursos que podrían destinarse a inversiones productivas.
Y aún hay más: si el 80% de los divorcios son entre cónyuges españoles, en su mayoría en edad entre 40 y 49 años, hablamos de una generación laboralmente activa que, tras una ruptura, suele ver mermada su capacidad de ahorro e inversión. Esto afecta directamente a la acumulación de capital privado, a la compra de vivienda en propiedad y, por tanto, al sistema de pensiones futuras.
En otras palabras: más divorcios hoy pueden suponer menos ahorro e inversión mañana.
No es solo una crisis emocional o de valores, es una transformación económica. No es solo el incremento de la presión sobre la vivienda. Y mucho menos se trata de juzgar el divorcio. Pero lo que no podemos hacer es ignorar su impacto emocional (lo cual no es objeto de este artículo) ni el económico.
Detrás de cada decisión individual hay consecuencias colectivas. El divorcio no es solo una decisión íntima, sino una reconfiguración del tejido económico y social.
España necesita repensar su arquitectura social desde una perspectiva de eficiencia económica y justicia intergeneracional. ¿Deberían las políticas de vivienda contemplar el aumento de hogares postdivorcio como una variable clave? ¿Cómo afecta esto a la presión sobre los alquileres, los precios de la energía o la movilidad urbana?
La unidad básica, como hemos dicho, es la familia, pero la estamos cambiando por el individuo. Las consecuencias de esto no son pequeñas. Para el ahorro y la inversión, esto tiene también repercusiones que deberíamos plantearnos. No es un tema sencillo, ni agradable, pero no por eso hay que dejarlo de lado.