La reforma de la Administración que prepara el Gobierno contará con un nuevo modelo de oposiciones para altos funcionarios del Estado que requerirá superar un curso de posgrado de dos años para lograr un empleo público.
El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha esbozado este lunes este nuevo sistema, que según el ministro está dirigido a mejorar los procesos de selección y atracción de talento y que "ha sido consensuado y cumple con el máximo rigor y con los estándares europeos".
Sin embargo, no está claro con quién lo ha consensuado, ya que Miguel Iborra, presidente de CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), que es el mayor sindicato del sector, ha dicho que "no va a solucionar los graves problemas de las administraciones y sus profesionales".
Borra ha destacado que es necesario solventar primero el déficit de personal que en su opinión sufre la Administración, ya que el 60 % de los empleados públicos se jubilará en la próxima década, así como la elevada temporalidad, que alcanza al 30 % de las plantillas.
También ha criticado los procesos selectivos lentos, "que llevan a que cada año caduquen miles de plazas por inactividad de las administraciones", y una tasa de reposición "que impide reforzar y dimensionar las plantillas".
"Contra la objetividad, el mérito y la capacidad"
Todavía más dura ha sido la respuesta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que han rechazado la propuesta de la secretaria de Estado de Función Pública por "atentar contra la objetividad, el mérito y la capacidad".
Además, denuncian que esta presentación llegue "con media España de vacaciones" y manifiestan "su rotundo rechazo a esta propuesta", subrayando que "la captación de talento no puede implicar, bajo ningún pretexto, que se introduzcan criterios que se traduzcan en una desaparición de la actual objetividad que emana de nuestros sistemas de acceso a la función pública o en una rebaja de criterios para el acceso a la misma".
En un tono muy duro señalan también que el documento presentado, "muy mejorable desde el punto de vista de la utilización de la lengua española, es un papel lleno de ambigüedades, palabras incomprensibles y vacías, incongruencias y conclusiones que entrañan un gravísimo peligro para el futuro de la función pública española".
Los Inspectores de Hacienda del Estado consideran "llamativo el título del documento ‘Consenso por una administración abierta’, puesto que ni ha habido consenso ni se ha querido escuchar a quienes de Administración saben".
Para IHE la intención del Gobierno con esta idea "es evidente": según su valoración, el ejecutivo de Pedro Sánchez pretende "demoler la Administración pública a través de la demolición del capital humano". El plan, organizado desde la secretaría de Estado de Función Pública, al frente de la cual actualmente está la Sra. Dña. Clara Mapelli, pretende "que una "selección" de personas, que acceden a una escuela por medio de un examen de conocimientos generales, puedan luego, cuando ya se conocen sus nombres y apellidos, ser seleccionados para lograr la plaza en cualquier área competencial de la AGE, previamente diseñadas con una ambigüedad que roza el absurdo, razón por la cual IHE advierte del absoluto caos en el servicio público".
Esta asociación considera que "la polémica está servida por cuanto los funcionarios ya no tendrán, sin duda alguna, la misma preparación que antes". Sin embargo, "el peor peligro es la errática idea de un funcionario seleccionado con un proceso en el cual será imposible asegurar la imparcialidad y la objetividad. En definitiva, la injerencia política será una realidad sin precedentes en la democracia española".