El Gobierno Pedro Sánchez y la Generalidad de Cataluña avanzan hacia la independencia fiscal de Cataluña. Tal y como acordaron el pasado martes el Ejecutivo de Illa y ERC, se va a "modificar el régimen jurídico" de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), "para adaptarlo a los nuevos requerimientos derivados del despliegue de la hacienda catalana y el nuevo sistema de financiación singular, un paso adelante en el reforzamiento de la ATC, para que en un futuro recaude".
En virtud de este acuerdo, el Gobierno regional "se compromete a aprobar un decreto ley el próximo 26 de agosto, en el primer Consejo Ejecutivo de la vuelta de vacaciones". Así, en pleno verano, el PSOE le asestará un golpe mortal a la caja común otorgando un privilegio insólito y de dudosa legalidad a Cataluña: gestionar y recaudar el 100% de sus impuestos.
"El objetivo es que el ATC disponga de las herramientas jurídicas y organizativas necesarias para ejercer con plenas garantías, de forma eficaz y eficiente, las nuevas competencias resultantes de la aplicación del nuevo sistema. Para ello, el decreto ley modificará el Libro segundo del Código tributario de Cataluña, aprobado en 2017 y que regula la Administración tributaria de la Generalitat" explican en el comunicado conjunto.
Este acuerdo se produce después de la comisión bilateral Estado-Generalidad-ERC que se produjo en Barcelona hace unas semanas para cerrar el traspaso a Cataluña del impuesto por el que más recaudan las CCAA: el IRPF.
"Preocupación" entre los inspectores
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha puesto el grito en el cielo ante este acuerdo. "En relación con las recientes declaraciones realizadas por "Esquerra Republicana de Catalunya" (ERC), su firme rechazo y profunda preocupación por un eventual traslado de personal funcionario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC)" señalan en un comunicado este miércoles.
IHE recuerda que "la AEAT representa uno de los pilares fundamentales del
sistema tributario español, conformado por profesionales que accedieron a la función pública mediante procesos de oposición a cuerpos del Estado, preocupando gravemente entre el colectivo la situación y el futuro de los compañeros destinados en Cataluña".
La Agencia Tributaria Catalana ya anunció el pasado mes de mayo la ampliación de su plantilla con 200 nuevas plazas. De esta manera, "la ATC inicia el aumento de su plantilla actual, compuesta por cerca de 830 profesionales, con el objetivo de que progresivamente pueda asumir nuevos retos en el ámbito tributario" celebraba el organismo.
Sin embargo, los inspectores de la AEAT ya han explicado en alguna otra ocasión que con ese número de personal es "imposible" comenzar a cobrar y gestionar el impuesto estrella de Hacienda. Necesitan los efectivos del fisco estatal. Según sus cálculos, hay más de 4.000 funcionarios en la delegación de Cataluña. ¿Qué futuro le espera a esta plantilla? ¿Pasarán a formar parte de la ATC con la ruptura de la caja? se preguntan.
"Cualquier tentativa de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT a una administración tributaria autonómica constituye un ataque frontal a la autonomía de organización de la AEAT, reconocida en su ley de creación, y a los derechos de sus trabajadores, que no pueden ser moneda de cambio de ningún intercambio político" añaden. Por ello, "le pedimos a la Ministra de Hacienda que se comprometa públicamente a garantizar que no se llevará a cabo ningún tipo de traspaso general o forzoso de los funcionarios de la AEAT destinados en Cataluña, y que se respetará el régimen de personal de la AEAT previsto en su ley de creación, sin injerencias de ningún tipo".
Desde IHE se insiste en que "el acuerdo anunciado el pasado lunes 14 de julio entre el Estado y la Generalidad de Cataluña supone un ataque a la cohesión fiscal del Estado que, como se advierte por las declaraciones de ERC, traerá consigo el fraccionamiento de la AEAT en un irresponsable ejercicio de ruptura de la caja única, de la base de datos y de la actuación eficaz y eficiente de la AEAT, por motivos ajenos a los que deben regir el servicio a los intereses generales de los ciudadanos".
Los detalles del acuerdo
Entre las novedades que introduce el decreto ley que pretenden aprobar socialistas e independentistas destacan el "establecimiento del contrato programa como instrumento de gobernanza y la creación de nuevos cuerpos tributarios con perfiles profesionales ajustados a las necesidades reales de la agencia, así como el otorgamiento de mayor autonomía a la ATC para diseñar su estructura organizativa y gestionar al personal".
En lo que concierne al contrato programa, "deberá establecer las líneas estratégicas, los objetivos, los indicadores de seguimiento, los recursos financieros asignados y las actividades a desarrollar por la Agencia". También se crearán dos nuevos cuerpos tributarios: el Cuerpo de Agentes Tributarios y el Cuerpo Superior de Informática Tributaria. El primero se ocupará de desarrollar las tareas administrativas vinculadas a la tramitación de los procedimientos de aplicación de los tributos y de asistir a la ciudadanía en la confección y presentación de las declaraciones y autoliquidaciones. En el caso de los informáticos tributarios, sus funciones serán analizar las necesidades de las distintas unidades y estructurar la información tributaria para garantizar su coherencia e interoperabilidad, así como adaptar y poner en marcha nuevas tecnologías para mejorar la eficacia de los procesos tributarios" explican.
Por último, el decreto ley confiere a la ATC "plena autonomía en materia de personal y para la negociación colectiva de las condiciones de trabajo del personal de los cuerpos tributarios y por la aprobación de su oferta pública de empleo". También "le atribuye la potestad para el diseño de su estructura organizativa, determinando que la Agencia se estructura en servicios centrales y territoriales, en los que se integrarán las diferentes unidades directivas" añaden.