Que España es desde hace años, y muy especialmente desde el paso de Cristóbal Montoro por el Ministerio de hacienda, un régimen de terror fiscal. No sólo pagamos una de las cuñas fiscales más gravosas de nuestro entorno, sino que, además, desde 2019 España ha incrementado su carga fiscal en 1,9 puntos del PIB. En términos absolutos, el aumento de la recaudación desde 2019 asciende a los 127.744 millones de euros .
Mientras Sánchez se ha dedicado a subirnos los impuestos y las cotizaciones a los españoles desde que llegó a la Moncloa, no ha sucedido lo mismo en el resto de Europa: 14 de los 27 países de la UE han reducido su presión fiscal, entre ellos Alemania, Dinamarca, Francia, Países Bajos o Suecia.
En España, mientras el salario medio en 2024 asciende según el INE a unos 27.500 euros brutos anuales. En realidad, el coste laboral total abonado para emplear al trabajador que percibe ese sueldo bruto es de 39.480 euros. No obstante, a esta cifra hay que descontarle 9.243 euros en cotizaciones sociales de las que paga la empresa, 1.959 euros de cotizaciones a cargo del trabajador. Si añadimos unos 4.270 euros de impuesto sobre la Renta, en total el impacto acumulado de las figuras recaudatorias asciende a unos 15.500 euros anuales, que si le sumamos el impacto de los impuestos indirectos como el IVA nos vamos casi a los 19.000 euros. Esto supone prácticamente el 48% de lo que gana un trabajador que cobra el salario medio en España.
Estas cuentas, que realizó en su impuestómetro el Instituto Juan de Mariana, son las que están detrás de que los españoles tengamos que dedicar más de la mitad del año para pagar a Hacienda. Si un trabajador español, dedicara íntegramente a Hacienda sus nóminas desde el 1 de enero, para poder disfrutar íntegramente de su sueldo después, tendría que estar trabajando para Hacienda hasta el 18 de agosto, que es el día que establece el Think Tank Civismo como el día de la liberación fiscal. Así, nos quedarían 4 meses y 10 días de salario íntegro para nostoros.
Esto, no siempre ha sido así. En 2018, el día de la liberación fiscal era el 27 de junio, es decir 51 días menos que este 2025, casi dos meses. Es decir, que desde que Sánchez Gobierno nos ha disparado la cuña fiscal hasta casi los 8 meses de pago de impuestos frente a los algo más de 4 meses que trabajamos íntegramente para nosotros.
Antes de que Sánchez llegara a la Moncloa trabajábamos 177 días para Hacienda. Tras estos siete años, tenemos que trabajar 228. Un 30% más.
Estos datos son especialmente trascendentes ya que si en 2018 entregábamos a Hacienda el fruto del trabajo de casi la mitad de los días del año (177 de 182), ahora trabajamos 45 días más de la mitad del año.
Según los datos de Civismo, En 2025, el ciudadano medio dedica al pago de impuestos 16 días más que en 2024, cuando el Día de la Liberación Fiscal cayó el 30 de julio. Este desplazamiento implica un incremento del esfuerzo fiscal del 7,5 % en apenas un año. Los catalanes dedican 11 días más al pago de impuestos que los madrileños.
El Día de la Liberación Fiscal (DLF), que simboliza la jornada en la que el contribuyente medio deja de trabajar exclusivamente para pagar impuestos y comienza a generar ingresos para sí mismo, se retrasa en 2025 hasta el 18 de agosto. Esta fecha supone el registro más tardío desde que existen datos comparables, y representa un hito preocupante para el análisis del esfuerzo fiscal en España.
El informe de Civismo indica que la carga fiscal soportada por el contribuyente no se limita al calendario, sino que también se expresa en términos de presión efectiva sobre su renta disponible. En 2025, se estima que el ciudadano medio pierde más de la mitad de sus ingresos (un 54,5 %) en impuestos. Esta cifra representa un aumento acumulado de más de cinco puntos porcentuales desde el año 2019, reflejando un modelo impositivo que grava con especial intensidad las rentas del trabajo y el consumo, en detrimento de otros tipos de ingresos.
En esta brutal inflación impositiva a la que Sánchez nos ha sometido un factor clave ha sido la no deflactación de los tramos del IRPF en plena espiral inflacionista. Como consecuencia, la recaudación por IRPF ha crecido notablemente, debido a que la inflación y el aumento nominal de los salarios han empujado a millones de contribuyentes a tramos impositivos superiores, sin una mejora real de su poder adquisitivo. Es lo que se conoce como progresividad fría. Así, 2024 cerró con una recaudación récord de impuestos con más de 294.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,4 % respecto a 2023.
Diferencias entre comunidades autónomas
El esfuerzo fiscal no se distribuye de la misma manera en toda España, ya que la autonomía fiscal de que dispone nuestro país permite que algunas comunidades autónomas cobren menos impuestos a sus ciudadanos y empresas. Así, la Comunidad de Madrid eliminó todos los impuestos autonómicos y ha rebajado en varias ocasiones el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, otras regiones como Cataluña lucen el mayor número de impuestos propios y los tramos más altos de España en IRPF. Esto hace que el Día de la Liberación Fiscal varíe según el lugar de residencia del contribuyente. Así, mientras que en el País Vasco se alcanza el DLF el 12 de agosto, en Cataluña y Extremadura no se logra hasta el 24 de agosto. Esta diferencia responde principalmente al diseño del IRPF autonómico y a la existencia de tributos propios regionales, como en el caso de Cataluña, que cuenta con más de 15 impuestos adicionales que agravan la carga impositiva local.
Pese a la recaudación histórica alcanzada en 2024, no se observan mejoras proporcionales en la calidad de los servicios públicos ni en la eficiencia del gasto estatal. Esta desconexión entre el aumento de la presión fiscal y los beneficios percibidos por los ciudadanos erosiona la legitimidad del sistema tributario y debilita la confianza del contribuyente en las instituciones públicas.