Una ciudad autónoma, en medio del Caribe, con un marco legal propio, impuestos bajísimos y una burocracia mínima. No, no es ciencia ficción. Se llama Próspera, está en la isla hondureña de Roatán y, desde 2017, ha intentado demostrar que otro tipo de gobierno es posible: más ágil, más transparente y, sobre todo, voluntario. Todo ello a través de un modelo de Zonas Económicas Especiales similar al que ensayó con éxito China en los años 80.
El proyecto nació amparado por la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDEs), aprobada por el Congreso de Honduras con el objetivo de atraer inversión extranjera y dinamizar la economía. Como Shenzhen o Dubái, pero con sabor criollo y ambición libertaria. Además del enclave radicado en Roatán, se pusieron en marcha otros dos proyectos más: Morazán y Orquídea. Y, en principio, parecía que la iniciativa iba camino de conseguir sus metas. No en vano, empresas tecnológicas, clínicas especializadas en medicina experimental, inversores en criptomonedas y desarrolladores de pequeños reactores nucleares se instalaron allí.
El país centroamericano quería ser una suerte de Dubái caribeño. ¿El secreto para lograrlo? Reglas claras, presión fiscal ridícula (1% de Impuesto de Sociedades, 5% de IRPF y 2,5% de IVA, amén de 0% sobre las rentas del capital) y la posibilidad de elegir entre distintos marcos regulatorios. Todo ello con el aval de intelectuales que trabajaron activamente a favor de este tipo de ciudades chárter, caso del estadounidense Paul Romer, galardonado con el Premio Nobel en 2018.
Lejos de ser una iniciativa perfecta, lo cierto es que el proyecto empezaba a cosechar éxitos prometedores. En 2022, la iniciativa había adquirido en torno a 2 kilómetros cuadrados de terreno en la isla de Roatán. Próspera contaba con 950 empleos activos y más de 1.700 residentes provenientes de más de 40 países y sumaba cerca de 276 empresas incorporadas. Entre los proyectos que fijaron su base de operaciones en la zona figuran startups y compañías impulsadas por Peter Thiel, Sam Altman o Marc Andreesseen, gurús de Silicon Valley que respaldaron el lanzamiento de empresas tecnológicas, biotecnológicas y de energía, todo dentro del enclave. Hasta 2025, la ZEDE ha captado en torno a 500 millones de dólares de inversión.
En 2022, con la llegada de Xiomara Castro al poder, el nuevo Ejecutivo decidió que el modelo de Próspera era inaceptable. No por sus resultados, sino por su naturaleza. ¿Una ciudad que no está bajo el control del Estado? ¿Empresas que escapan del control del burócrata de turno? ¿Personas que votan con los pies? Aquello era inaceptable para alguien tan sectario como Castro, una dirigente izquierdista cuyo partido Libertad y Refundación es una formación anti-capitalista integrada en el Foro de São Paulo.
Denuncia internacional
Primero vino la demonización: que si era una "colonia", que si violaba la soberanía nacional, que si era "herencia del narco-régimen". Después, la derogación de la ley de las ZEDEs. Y ahora, la amenaza de expropiación, aderezada con acusaciones delirantes de "neocolonialismo libertario". Frente a este atropello, los responsables de Próspera han llevado el caso a los tribunales internacionales de arbitraje, reclamando cerca de 11.000 millones de dólares por violación de tratados de inversión.
Así, aunque el gobierno central de Xiamora Castro canceló oficialmente las ZEDEs en abril de 2022, mediante el Decreto 32-2022 y la derogación de su protección constitucional, el marco jurídico aplicable contemplaba cláusulas de continuidad legal por 50 años para las zonas ya creadas, amparadas por la Ley Orgánica de las ZEDE, así como por diversos Contratos de Estabilidad Jurídica y tratados de inversión bilateral.
Tras el cambio político, Próspera intentó entablar negociaciones con el nuevo Ejecutivo para reafirmar los derechos adquiridos, enviando múltiples cartas reclamando un diálogo constructivo. El gobierno no respondió, por lo que la empresa anunció que continuaría operando bajo el marco original durante el periodo garantizado y anunció una demanda por arbitraje internacional que será tramitada ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, donde se dirimirá una disputa valorada en hasta 10. 775 millones de dólares por lucro cesante.
De momento, ha trascendido que, en febrero de este año, el el tribunal del CIADI rechazó la objeción preliminar inicial del Estado hondureño, reafirmando su competencia para resolver el caso. Honduras había argumentado que Próspera debía agotar recursos locales, pero el tribunal consideró esos recursos "inútiles". Para evitar un litigio que podría prolongarse en torno a cinco años, la compañía ha manifestado su apertura a buscar una resolución negociada, siempre y cuando se ofrezcan garantías sobre la operación continuada de la ciudad charter.