Un mes antes del apagón en toda la península, un grupo de expertos convocados por los empresarios alertó, precisamente, de los problemas de suministro que podría acarrear el cierre nuclear y de otras de sus implicaciones (subida de precios, pérdida de energía estable y de atractivo empresarial, pérdida de independencia energética, catástrofe económica y social para los territorios adyacentes, pérdida del tejido industrial asociado en España). El converso Jordi Sevilla reveló que no había sido capaz de que quienes fueran sus compañeros de partido le dieran razones convincentes para asumir un "riesgo innecesario", para no dar al menos un margen para el debate. "Va a ser el mayor error en política económica en España en este siglo", avisó Jorge Sanz, de la consultora Nera.
En el que estaba llamado a ser el verano del momento "crítico", el que decidiría el futuro de la primera central llamada a cerrar, Almaraz, generadora del 7 por ciento de la energía eléctrica en España, el debate continúa, con titulares y declaraciones contradictorias pero sin manifestaciones públicas que apunten hacia un cambio, ni de una ni de otra parte. Mientras, el calendario se acorta: el pasado 2 de julio, el Consejo de Seguridad Nuclear aprobó la petición de la documentación necesaria a las propietarias de Almaraz para preparar el cierre, que debe ser remitida "dos años antes de la fecha límite de la autorización de explotación" (otoño de 2027). Un trámite forzoso dado que, de momento, nada ha variado, pero que recuerda que el tiempo corre. No se descarta desde el sector que el cierre de Almaraz pudiera terminar revirtiéndose en el último minuto, pero señalan que "para hacer las cosas bien" el tiempo juega en contra, recordando plazos como el de la compra de combustible y el de la compleja formación de los operadores y supervisores nucleares que deben, o no, ser contratados en función de la prórroga.
Estas son algunas de las claves para entender en qué punto está el debate y las posiciones en juego:
1.Lo que quieren, y lo que dicen, las empresas:
Han sido unos meses atestados de declaraciones a favor de este tipo de energía de los presidentes de las grandes propietarias, pero de momento las empresas no han solicitado de manera formal una prórroga para las nucleares y en concreto la solución más sencilla para Almaraz y defendida públicamente por algunos de sus propietarios, la prórroga hasta 2030. Sí ha habido una carta a Transición Ecológica de Iberdrola y Endesa abogando por esta solución pero que el Gobierno ha desdeñado, al menos de cara a la galería. Las empresas, en principio, se mantienen firmes en el aviso lanzado hace meses: no habrá prórroga si no hay bajada de impuestos (llevan años quejándose de una presión fiscal "asfixiante"). En el punto de mira está el impuesto sobre el combustible gastado aprobado en 2012, las ecotasas autonómicas y la tasa ENRESA, disparada tras la renuncia al almacén de Villar de Cañas y que una prórroga nuclear permitiría aligerar.
2.Lo que dijo el Gobierno y lo que dicen que dice:
Aunque Teresa Ribera sí ha cambiado de parecer a su llegada a Europa, el argumentario oficial del Gobierno sigue prácticamente intacto con Sara Aagesen: la excusa estrella continúa que fueron las empresas las que pactaron el cierre en 2019, aunque las propias propietarias defienden ahora que hoy la situación es radicalmente distinta. Ni el apagón cambió la teoría: si acaso, sirvió para que quedara aun más de manifiesto una cierta obsesión antinuclear en el Gobierno, que optó por señalar en esos momentos críticos a un tipo de energía en concreto con una saña que sorprendió en el sector. Aun así, en lo más encendido del debate también el Gobierno lanzó un mensaje: en el caso de prórroga, esta tendría que implicar seguridad de suministro, seguridad de las instalaciones y cero costes para el ciudadano. Y justo esa fue la respuesta de Aagesen a la carta de las eléctricas, que hace unas semanas llevó a su portada El País como prueba de que algo se movía en el Ejecutivo. Tras el revuelo que el mero intercambio epistolar suscitó en algunos, el Gobierno optó por negar la mayor: el último en pronunciarse ha sido el número dos de Aagesen, Joan Groizard, que ha sentenciado que "España está preparada" para renunciar a la nuclear. Declaraciones al margen, el diálogo existe, tal y como han reconocido ambas partes en las últimas semanas al margen de las cartas.
3.La bravata de Sumar:
El PSOE de Sánchez llegó al Gobierno con la promesa de cerrar las nucleares; así lo pactó, primero con Podemos y luego con Sumar, y así se lo recordó de forma encendida la vicepresidenta Yolanda Díaz cuando se apuntó la mera posibilidad de un giro en el Ejecutivo. Cuesta creer en las amenazas de una Yolanda Díaz que lidera un proyecto que hace aguas y que tras el escándalo de Santos Cerdán optó por una cerradísima defensa de Sánchez, pero sí es cierto que un hipotético giro nuclear haría aún más daño a la coalición Frankenstein.
4.La excepción catalana:
Entre los socios de Sánchez están los antinucleares habituales (Podemos, EH Bildu) pero en los últimos tiempos ha habido llamativas disidencias. Junts ha permitido varias veces que salieran adelante iniciativas contra el cierre e incluso ERC ha optado también alguna vez por la abstención. El motivo está en el enorme peso que la nuclear tiene en una región necesitada de energía para su industria y las crecientes trabas que está teniendo el desarrollo de las renovables. Cataluña, con tres reactores (los dos de Ascó, que cerrarán entre 2030 y 2032, y el de Vandellós, en 2035) tiene un mix basada en la nuclear y así lo pusieron de manifiesto las propietarias de las dos centrales hace unos días en su Memoria Anual: supusieron el 50,3% de la energía eléctrica consumida en 2024 en Cataluña y el 59,1% de la energía generada en la región.
Los discursos de Junts son cada vez más claros sobre la imposibilidad real de que Cataluña pueda clausurar sus reactores sin que implique una dependencia absoluta del resto de España y una losa sobre sus expectativas de crecimiento y en ERC se revuelven también en cuanto a las consecuencias para el empleo. En medio de este hecho, hace unas semanas cayó como una bomba la noticia de que Sánchez habría prometido a los nacionalistas una especie de excepción nuclear catalana que implicaría que las centrales catalanas sí vieran prorrogada su actividad. En un gobierno que ha cedido ya en la amnistía y el cupo no debería descartarse, por descabellado que parezca, y lo cierto es que en el propio sector se ha especulado sobre la posibilidad de que el cierre escalonado comenzara y luego se detuviera en las fases siguientes. Las empresas han venido alertando de que no sería viable: "Si cierra Almaraz, el cierre del resto es inevitable".
A la espera de lo que deparen las próximas semanas y meses, de lo que avisan los expertos es de lo trascendental del momento porque no habrá marcha atrás. De ahí los llamamientos a, al menos, ganar tiempo y no tomar "decisiones apresuradas", a debatir de verdad sobre lo que implica cerrar ya unas centrales que aportan el 20 por ciento de la electricidad en España y cuya clausura marcará el devenir energético en nuestro país.