El establecimiento Zazú Ibiza ha comunicado estar sufriendo una clara discriminación administrativa por parte del Ayuntamiento de San José a pesar de que siempre se ha comportado de manera respetuosa con la normativa vigente y comprometido con la calidad turística.
Si bien todos los negocios de las playas del municipio cuentan con terrazas ubicadas en la misma franja de 20 metros desde la línea del dominio marítimo terrestre, sólo a Zazú se le exige retirar su mobiliario, mientras el resto permanece sin restricciones.
En consecuencia, Zazú ha interpuesto un recurso especial de protección de derechos fundamentales ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, por la vulneración de los siguientes derechos consagrados en la Constitución española:
- Artículo 14 (Igualdad ante la Ley): Zazú Ibiza está siendo tratado injustamente en comparación con otros grupos hoteleros, a pesar de compartir las mismas condiciones espaciales.
- Artículo 18 (Derecho al honor y a la propia imagen): El precinto parcial de su terraza, mientras otros permanecen operativos, causa un daño evidente a su reputación, clientela e imagen.
- Artículo 24 (Tutela judicial efectiva y derecho a no sufrir indefensión): Zazú solicitó medidas cautelares para suspender la orden de cierre total dictada por el Ayuntamiento el 12 de mayo de 2025. Dicha orden está recurrida ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Palma de Mallorca y las medidas cautelares aún están pendientes ante la Audiencia Provincial.
A pesar de ello, el Ayuntamiento ha dictado un nuevo decreto (Decreto núm. 2025-3430) que revierte parcialmente la orden anterior y sólo ordena el cierre de la terraza, admitiendo implícitamente que Zazú cuenta con licencia para mantener el resto de su actividad.
No obstante, esta actuación administrativa vulnera el principio de prudente suspensión, que impide la ejecución del acto administrativo mientras se resuelve la medida cautelar, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 66/1984 y sucesivas).
Además, en ninguno de los decretos emitidos por el Ayuntamiento se sustenta la medida en la existencia de algún riesgo para la salud, el medioambiente o la seguridad, lo que contraviene lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 7/2013, de 26 de noviembre, del régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares, que únicamente autoriza el cierre total o parcial inmediato cuando se acredite riesgo real e inminente.
Nuevos hechos
Para agravar aún más la situación, el lunes pasado se personó la Policía en el establecimiento para efectuar diligencias relacionadas con la orden de precinto. Este jueves han procedido al precinto formal de la terraza, lo que representa una doble agresión: no sólo supone un perjuicio económico directo al mermar la facturación del negocio, sino que también daña gravemente su reputación e imagen pública, pues abre la puerta a todo tipo de especulaciones.
Zazú Ibiza reafirma su pleno sometimiento a la ley y su voluntad de resolver este conflicto por la vía judicial. Exige el restablecimiento de su terraza hasta que exista una resolución firme que autorice la actuación, y demanda que se investigue el trato desigual por parte del Ayuntamiento. Asimismo, hace un llamamiento al respeto de los principios constitucionales y al ejercicio imparcial de los derechos fundamentales de igualdad, reputación e acceso efectivo a la tutela judicial. Además, subraya que el cierre de su terraza supone no sólo una pérdida inminente de puestos de trabajo, sino también un desaprovechamiento del esfuerzo económico ya invertido en habilitar dicha zona, lo que agrava claramente el perjuicio causado.