El discurso oficial vuelve a señalar al cambio climático como el gran responsable de los incendios que arrasan España. Sin embargo, agricultores y ganaderos rompen con esa narrativa y ponen el foco en factores más concretos: las leyes que impiden una gestión adecuada del monte y convierten la vegetación en un polvorín.
Según datos del propio Ministerio para la Transición Ecológica, entre 2013 y 2022, el 87% de los fuegos tuvo origen humano —más de la mitad intencionados y casi un tercio por negligencias—, mientras que apenas un 5% se debió a causas naturales como rayos. "El calor seca, pero no enciende", recuerdan desde el sector, que acusa al Gobierno de esconder la raíz del problema bajo la etiqueta de "emergencia climática".
Tal y como ha denunciado en un artículo de opinión el presidente de la Asociación de Agricultores Independientes Valencianos (ALIV), Víctor Pascual Viciedo, lo que hace que un incendio sea incontrolable no es la temperatura del verano, sino la acumulación de combustible vegetal favorecida por normativas que prohíben limpiar o aprovechar el monte.
Despoblación rural
Antaño, recuerda Viciedo, el mundo rural estaba cargado de vida: "La ganadería extensiva y la agricultura eran las principales actividades económicas. Los hornos de pan y las chimeneas de las casas se alimentaban con ramas bajas de los árboles y matorrales que la gente recogía del monte. El ganado pastaba libremente, sin permisos extraordinarios ni burocracia alguna. Abundaban y se mantenían infinidad de cortafuegos. La gestión del monte era natural y gratuita".
Sin embargo, ocho leyes europeas y españolas han vaciado el campo. Viciedo cita las siguientes:
- Ley de Restauración de la Naturaleza (2023): se restringe cualquier actividad humana, lo que conduce al abandono del territorio y favorece los incendios.
- Estrategia De la Granja a la Mesa: sus objetivos principales son reducir un 50% el uso de fitosanitarios, un 50% los antibióticos para animales y un 20% los fertilizantes para 2030. Sobre el papel suena a sostenibilidad, pero en la práctica significa cosechas más pobres, plagas sin control, suelos menos productivos, mayor mortandad animal y, en definitiva, una pérdida directa de rentabilidad para el sector.
- Directiva Marco del Agua: bajo la excusa de proteger los ecosistemas acuáticos, en España se traduce en restricciones crecientes al regadío y en la obligación de derribar presas y azudes para "renaturalizar" los ríos. El resultado: menos agua disponible para la agricultura y más incertidumbre para los regantes.
- Red Natura 2000: en teoría debía garantizar la biodiversidad, pero en la práctica se ha convertido en una trampa legal para el campo porque supone limitaciones constantes a la agricultura, la ganadería y la gestión forestal. No se puede desbrozar sin permisos, cortar leña o abrir un cortafuegos sin pasar por un calvario burocrático.
- Inclusión del lobo ibérico en el LESPRE (2021): aumento de ataques al ganado, pérdidas económicas constantes y un clima de indefensión en el medio rural.
- Ley de Sanidad Animal (Ley 8/2003): Nació con la justificación de prevenir enfermedades y garantizar la trazabilidad, pero en la práctica multiplica inspecciones, obligaciones administrativas y costes que las pequeñas explotaciones no pueden asumir
- Normativa sobre transporte animal: limita la duración de los trayectos, endurece las condiciones y multiplica los requisitos burocráticos. Aunque en teoría busca reducir el estrés de los animales, en la práctica encarece los costes, complica la logística y pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones.
- Gestión de purines: El RD 306/2020 sobre explotaciones porcinas y el RD 1051/2022 de nutrición sostenible de suelos han impuesto límites, burocracia y costes que asfixian a las explotaciones.
Falta de limpieza
A las normas que han favorecido la despoblación rural y la falta de relevo generacional del sector primario, Viciedo también menciona el punto débil de la Ley 43/2003 de Montes que influyen directamente en la falta de limpieza de los bosques.
"Sobre el papel parece impecable; en la práctica, apenas se cumple. ¿Por qué? Porque no hay incentivos: el propietario del monte apenas puede rentabilizarlo. Los artículos 36 y 37 restringen el aprovechamiento económico, imponen permisos y trámites y se condiciona todo a un plan de ordenación aprobado, que en muchos casos no existe, por lo que al final el monte genera costes, nunca beneficios. ¿Cómo pretenden entonces que se cuide?"
Más aún, añade Viciedo, "la misma ley convierte en infracción administrativa lo que antaño era el mantenimiento natural del bosque. El artículo 67, apartado c), sanciona a quien corte, queme o recoja leña y arbustos sin autorización; y en el apartado j) limita el pastoreo sin permisos especiales. Así, donde antes había cabras, ovejas y familias que limpiaban gratis los montes, hoy solo queda burocracia, sanciones y abandono".