El Gobierno español vuelve a chocar con Bruselas. Esta vez, el conflicto llega de la mano del Ministerio de Sanidad, controlado por la coalición de izquierdas Sumar, que ha impulsado un proyecto de ley para restringir de forma drástica el mercado del vapeo y los nicopods.
La propuesta incluye dos medidas especialmente polémicas: por un lado, la prohibición de todos los sabores de cigarrillos electrónicos salvo el tabaco; por otro, un límite de nicotina en los pouches de apenas 0,99 mg, lo que en la práctica supone su desaparición del mercado.
Choque con el mercado único
El plan ha desatado un aluvión de críticas en la Unión Europea. Siete países —Hungría, Italia, Rumanía, Suecia, Grecia, Chequia y Croacia— han trasladado objeciones formales, a las que se suma la propia Comisión. La razón es clara: el texto español vulnera el principio de libre circulación de bienes, pilar básico del mercado único.
En la actualidad, dieciocho Estados miembros permiten los vapers con sabores distintos al tabaco y trece autorizan los pouches de nicotina. Según el principio de reconocimiento mutuo, lo que es legal en un país debe aceptarse en los demás. El intento de España de levantar una barrera nacional rompe esa lógica y genera inseguridad jurídica en toda la UE.
Italia ha sido especialmente contundente, señalando que las disposiciones del texto son "significativamente inconsistentes con los objetivos de armonización europea y constituyen una barrera comercial". Grecia se ha expresado en la misma línea, pidiendo que se enmiende el proyecto para garantizar tanto la protección de la salud como el respeto a la libre competencia.
Falta de base científica
Las críticas no se limitan al plano jurídico. Patrik Strömer, secretario general de la Asociación Sueca de Fabricantes de Snus, lo resume con claridad: "Esto no es política de salud pública, es postureo ideológico". Strömer denuncia que el Gobierno español recurre a un lenguaje alarmista —hablando incluso de "epidemia"— en lugar de apoyarse en evaluaciones de riesgos serias y actualizadas.
La propia Comisión ha advertido que el texto está tan mal diseñado que podría tener efectos contrarios a los que persigue. Un ejemplo es la cláusula que prohíbe ingredientes peligrosos únicamente si figuran en una lista química comunitaria. Paradójicamente, esto dejaría sin control a otras sustancias dañinas que no aparezcan en dicho listado.
Rigidez española, sorpresa en Bruselas
Lo habitual en estos casos es que el Estado miembro adapte su borrador a las observaciones de sus socios y de la Comisión. Sin embargo, España ha optado por la inflexibilidad y se niega a revisar el proyecto, lo que ha causado sorpresa incluso entre países que no suelen confrontar abiertamente con Madrid.
El pulso pasa ahora a la Comisión, que puede forzar cambios en el texto o, en caso contrario, abrir la vía judicial que terminaría en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
Ideología frente a integración
El episodio encaja con un patrón que se repite en la política regulatoria española: intervenciones unilaterales y de fuerte carga ideológica que generan choques con Bruselas. Ocurrió en el ámbito energético, con la vivienda y con los medicamentos sujetos a controles de precios, y vuelve a ocurrir ahora con el vapeo.
La consecuencia no es una mejora tangible de la salud pública ni de la seguridad del consumidor, sino un aumento de la inseguridad jurídica, la amenaza de litigios y la erosión del mercado único europeo. En última instancia, este tipo de decisiones terminan incentivando mercados paralelos y debilitando la integración comunitaria.
Con su nueva cruzada contra el vapeo, el Gobierno español no solo divide a la opinión pública, sino que también se coloca en el centro de una disputa que podría resolverse en Luxemburgo, con el riesgo de otro varapalo judicial para una estrategia que cada vez se parece más a un laboratorio de intervencionismo ideológico.