El verano de 2025 está dejando un reguero de malas noticias judiciales para España en el frente de los arbitrajes internacionales por el recorte retroactivo a las energías renovables. En apenas unas semanas, se han sucedido embargos en Bélgica, derrotas en Estados Unidos y un nuevo varapalo en el Banco Mundial, confirmando que la estrategia de impago seguida por el Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado al país en una posición de descrédito sin precedentes.
Bélgica embarga los ingresos aéreos
El primer golpe llegó desde Bruselas, donde el Tribunal de Primera Instancia autorizó el embargo ejecutivo de las cuentas de ENAIRE, el operador público de navegación aérea. La medida afecta a los pagos que Eurocontrol transfiere cada año —hasta 500 millones de euros— y responde al incumplimiento del laudo dictado en el caso RREEF Infrastructure GP Ltd vs Reino de España. El fallo ordena bloquear parte de estos fondos, con riesgo incluso de afectar al normal funcionamiento del tráfico aéreo en pleno pico estival. Se estima que el monto retenido ronda los 80 millones.
EEUU da luz verde a embargos por 200 millones
Apenas unos días después, el Tribunal de Distrito de Columbia en Estados Unidos rechazó las maniobras de España en dos casos clave: RREEF e Infrastructure Services (Antin). Ambas resoluciones despejan el camino para ejecutar embargos en territorio estadounidense por un valor próximo a 200 millones de euros. Los jueces recordaron que los argumentos españoles —arbitraje intra-UE, ayudas de Estado o inmunidad soberana— ya habían sido descartados en múltiples precedentes.
El Banco Mundial ratifica la condena por el caso Toyota
El tercer revés llegó desde Washington: el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, desestimó de forma unánime la solicitud española de anular un laudo de más de 106 millones de dólares en favor de Eurus Energy Holdings Corporation, filial del grupo Toyota. El comité arbitral concluyó que España vulneró el Tratado de la Carta de la Energía al alterar retroactivamente el marco legal que incentivaba las inversiones en renovables.
España, en el podio de los incumplidores mundiales
Con estas resoluciones, España acumula ya 26 condenas firmes sin pagar, que suponen 1.492,7 millones de euros en principal más 385,1 millones en intereses, costas y gastos, elevando la factura total por encima de los 1.870 millones de euros. El país se coloca así en el reducido grupo de Estados reincidentes en materia de impago de laudos internacionales, junto a Venezuela y Rusia, y a años luz del comportamiento de sus socios de la OCDE.
Credibilidad en entredicho
Aunque en junio el Ejecutivo decidió pagar por primera vez uno de estos laudos —el del grupo japonés JGC—, el grueso de las sentencias sigue sin cumplirse. Fondos e instituciones de países como Reino Unido, Alemania, Japón o Estados Unidos insisten en su disposición a negociar, pero advierten de que la estrategia de dilación española solo acumula intereses y daña la seguridad jurídica del país.
El "pufo" de las renovables, originado en los cambios retroactivos aprobados entre 2010 y 2014, sigue así proyectando su sombra más de una década después. El resultado: un verano negro para la reputación internacional de España, cada vez más cercada por embargos y condenas firmes en los principales tribunales del mundo.