La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) ha lanzado una seria advertencia sobre el proyecto de Real Decreto que prepara el Gobierno en materia de gestión de ropa y calzado usados. Según la patronal, la norma, en caso de aprobarse tal y como está redactada, "no constituye una herramienta eficaz de economía circular" y supondría la destrucción de más de 11.000 pymes y hasta 21.000 empleos directos, el 15% del sector.
Además, según un informe publicado este lunes por la confederación, otros 17.000 empleos indirectos se verían también afectados, "especialmente en el comercio minorista" debido al impacto del nuevo marco regulatorio que se encuentra en fase de consulta pública (hasta el 4 de septiembre).
¿Qué regula el nuevo Real Decreto?
El texto legislativo pretende establecer un marco para la prevención, recogida y gestión de residuos textiles y de calzado "con el objetivo de reducir su impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida". Entre sus medidas destacan:
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La obligación de los productores de financiar y organizar la recogida y tratamiento de residuos.
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Sistemas Colectivos (SCRAP): los productores podrán agruparse para gestionar colectivamente estas responsabilidades mediante sistemas colectivos (SCRAP) que faciliten la recogida, tratamiento y reciclaje.
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Desde el 1 de enero de 2028, los comercios de más de 400 metros cuadrados deben informar en un lugar visible sobre cómo separar y depositar residuos textiles y, además, disponer de productos de segunda mano, reciclables o con contenido reciclado.
Los objetivos son reducir los residuos generados un 5% para el año 2030 y un 10% para 2035; recogida separada de un 50% en 2030 y un 70% para 2035; y preparación para reutilización de un 20% en 2030 y un 35% en 2035.
Casi el doble de coste por tonelada
Según Cepyme, el coste del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP) en el sector textil podría triplicarse en los próximos cinco años, pasando de 48,5 millones de euros a más de 134 millones en 2030. El coste por tonelada gestionada, añade, superaría los 400 euros/tonelada, en comparación con la tarifa de referencia actualmente estimada en 250 euros/tonelada.
Cepyme considera, además, que el proyecto de Real Decreto no se alinea con el marco europeo al plantear opciones más restrictivas, como "la habilitación de espacio para la venta de segunda mano en tiendas de más de 400 m2 o en lo relativo a la recogida selectiva".
Una amenaza para el comercio minorista
El texto legislativo menciona entre las obligaciones del productor "financiar y organizar, total o parcialmente, la recogida y tratamiento de los residuos de productos textiles y de calzado", conforme a las disposiciones del proyecto.
El resultado de la aplicación de esta normativa "podría ser un proceso de desindustrialización que afectaría a un sector que representó el 2,9% del PIB español y que aportó 23.400 millones de euros en valor añadido bruto en 2023, con casi 55.000 empresas activas en toda la cadena de valor", apunta la Confederación en un comunicado.
"Es necesario evolucionar hacia un enfoque acorde con un modelo que genere verdadero valor ambiental, industrial y social", estima.