En Libre Mercado hemos contado cómo el fenómeno cada vez más creciente del absentismo laboral está dando pie a otro fenómeno que también está creciendo en los últimos tiempos, como es el de la contratación de detectives privados para controlar a los funcionarios que se encuentran de baja. En este reciente artículo ya contamos como varios ayuntamientos, como el de Fuengirola o el de Alcorcón, han recurrido a estos servicios para comprobar que el dinero público se utilice de forma eficiente.
Pues bien, no son los ayuntamientos los únicos organismos públicos que están recurriendo a la contratación de empresas de detectives privados, sino que también otras empresas públicas dedican unas sumas de dinero considerables a la contratación de dichos servicios, como es el caso de Veiasa en Andalucía.
Tal y como informa el diario El Español, la empresa pública de Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), que se dedica a gestionar las ITV y que cuenta con unos 2.000 empleados, también habría recurrido a estos servicios con un presupuesto que rondaría los 242.000 euros (IVA incluido) con el fin de investigar las bajas laborales de sus empleados.
Dicho contrato tendría una duración prevista de cuatro años y se dividiría en dos partes. Una primera parte de ella se centraría en las provincias de Córdoba y Sevilla, mientras que la segunda parte se centraría en las provincias de Málaga, Jaén, Granada y Almería.
¿Qué tendrán que hacer los detectives?
Según el documento al que se hace mención, se hace necesario "disponer de empresas especializadas en seguimiento de personas y análisis de documentación que recopilen cuanta información sea necesaria para determinar si existe fraude en la causa de la ausencia del trabajador afectado".
La empresa de detectives que sea designada tendrá que verificar si el operario en cuestión está llevando a cabo alguna actividad laboral por su propia cuenta o ajena u otro tipo de actividades que sean contrarias a la dolencia, y que sean incompatibles con la situación de incapacidad temporal o permanente en la que se pudiera encontrar.
De esta forma, la entidad pública busca verificar si la justificación presentada es fraudulenta y, en caso de detectar una posible conducta delictiva en el ámbito interno de Veiasa, evaluar si es necesario realizar acciones adicionales ante los organismos y autoridades competentes. Con lo cual, la empresa elegida deberá observar la vida de los trabajadores y su actividad en el puesto de trabajo, recopilar información documental y videográfica, elaborar informes previos y finales. Así como también asistir a sede judicial, administrativa o ante Veiasa para ratificar los resultados conseguidos.
La empresa pública se justifica
Como es lógico, toda la información que obtenga la empresa de detectives privados tendrá carácter reservado y sólo podrá ponerse a disposición de la empresa contratante o, si se diera el caso, de las autoridades competentes.
Por su parte, los responsables de Veiasa afirman que esto es necesario ante "el aumento de bajas laborales no justificadas y la sospecha de posibles fraudes". Y es que parece ser que no es la primera vez que se recurre a este tipo de servicios, ya que en el propio pliego se recoge información relacionada con una facturación previa de 51.391 euros.
En resumidas cuentas, vemos que en los últimos años está adquiriendo una mayor presencia la contratación de detectives privados ante el auge del absentismo laboral y de las bajas por incapacidad temporal. Un hecho este último que puede acabar siendo objeto de numerosos fraudes.